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La revolución legal que viene
Desde el consumo de alcohol en menores hasta la violencia de género, el impuesto de Sociedades, los seguros o el catastro. El Gobierno ultima una revolución legal con 287 nuevas medidas.
2018 no será un año de transición, al menos en el ámbito legal: el Ejecutivo tiene preparada una reforma que afectará, en principio de manera positiva, a un sinfin de ámbitos cotidianos de la ciudadanía. El Plan, que coordina la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, abarca desde las vacaciones pendientes hasta el catastro, pasando por los seguros o la financiación autonómica. Es éste.
El Gobierno ya tiene ultimado el plan normativo anual de 2018, que prevé la aprobación de 287 normas, entre ellas una reforma de la Ley de Protección Integral de la Violencia de Género, una ley de menores sin alcohol, un nuevo sistema de financiación autonómica y local, modificaciones en el Mercado de Valores y en la ley del Impuesto de Sociedades o un nuevo esquema de resolución extrajudicial de conflictos financieros.
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Según la vicepresidenta, Sáenz de Santamaría, es la primera vez que se presenta un plan normativo de esta naturaleza por parte del Gobierno de España y con el que se sitúan en la "regulación inteligente" que impulsa la Unión Europea.
En concreto, el Ejecutivo contempla la aprobación el próximo año de 287 normas, de las cuales 9 tendrá rango de ley orgánica, 38 de ley ordinaria y 240 de real decreto; y se procederá a la transposición de 52 directivas comunitarias. Además, se prevé la posible aprobación de otras normas, como las que deriven de los trabajos que se están llevando ya en comisiones parlamentarias del Congreso.
"El plan no es rígido y es posible que a lo largo de la legislatura se plantee la necesidad de aprobar otras normas que inste el poder legislativo", ha indicado Sáenz de Santamaría, que ha subrayado además que este plan normativo aumenta la transparencia porque los sectores afectados por la regulación y los propios ciudadanos podrán anticiparse y hacer llegar sus sugerencias al Ejecutivo.
La vicepresidenta del Gobierno ha explicado que con este plan pretenden racionalizar la actividad de producción normativa, reforzar la seguridad jurídica y predictibilidad del ordenamiento, y mejorar la calidad de las normas, permitiendo su evaluación periódica.
De hecho, el propio plan identifica las normas que han de someterse a un análisis sobre los resultados de su aplicación para evaluar su "eficacia, eficiencia y sostenibilidad" En concreto, 49 proyectos se someten a este procedimiento de evaluación normativa.
Menores y alcohol
En el capítulo de Asuntos Sociales, el Gobierno avanza que en 2018 aprobará la Ley Orgánica de modificación de la Ley 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en línea con el acuerdo alcanzado en el seno de la Comisión de Igualdad del Congreso. También impulsará una Ley de menores sin alcohol, con medidas preventivas, al tiempo que dará luz verde al reglamento que desarrolla la Ley del Voluntariado.
En cuanto a la protección del Medio Ambiente, el plan normativo incluye la Ley de cambio climático y transición energética; la norma por la que se establecen objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de los combustibles y de la energía suministrada en el transporte; y la ley por la que se modifica la norma que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Pasajeros
En el ámbito de la legislación civil, penal y procesal, el Ejecutivo prevé la modificación del Código Civil, el Código Mercantil, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, e incluso la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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En concreto, quiere sacar adelante en 2018 la Ley orgánica sobre el registro de nombre de los pasajeros para la prevención, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delincuencia grave; la ley de modificación de la ley de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo; la ley reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza; y reglamentos de desarrollo de la Ley de Transparencia y de la Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.
En materia económica, el Gobierno contempla aprobar una ley del sistema institucional de resolución extrajudicial de conflictos en el ámbito financiero; y la ley de transposición de la directiva reguladora del Mercado de Valores. Asimismo, está prevista la transposición de directivas para reforzar la movilidad de los trabajadores en Estados miembros en materia de derecho de pensión, a sí como modificaciones en la Ley del Impuesto de Sociedades.
En materia de Hacienda y financiación autonómica y local,el plan anual normativo incluye la Ley orgánica de modificación de los sistemas de financiación de las comunidades autónomas y la correspondiente a las haciendas locales, lo que dependerá de los acuerdos que se consigan en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y a nivel parlamentario.
Financiación de la Administración
En este sentido, Sáenz de Santamaría ha descartado que la aprobación del nuevo sistema de financiación vaya a prolongarse necesariamente a lo largo del ejercicio 2018, y ha apuntado que "se trata de echar a andar" e intentar conseguir el "doble acuerdo" entre las administraciones y a nivel político, al tratarse de una ley de "mucho calado".
La vicepresidenta del Gobierno ha señalado también que el próximo año también se tramitará el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, así como el inicio de la tramitación de las cuentas públicas de 2019.
El Gobierno prevé aprobar en 2018 un esquema de resolución extrajudicial de conflictos financieros, modificaciones en el Mercado de Valores y en la Ley del Impuesto de Sociedades, la nueva Ley de Auditoría de Cuentas, la regulación de las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas antes de la finalización del contrato de trabajo, así como tramitar los Presupuestos de 2018 y 2019 y sacar adelante el nuevo sistema de financiación autonómica y local.
Así lo ha detallado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha aprobado el primer Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2018, en el que incluye las iniciativas legislativas que pretende poner en marcha el Gobierno..
Sáenz de Santamaría ha explicado que del total de 287 normas un bloque se destina a la recuperación económica, en el que se encuentra la aprobación de un esquema de resolución extrajudicial de conflictos en el ámbito financiero y la modificación del Mercado de Valores, con la trasposición de una directiva europea.
El impuesto de Sociedades
Asimismo, está prevista la transposición de directivas para reforzar la movilidad de los trabajadores en Estados miembros en materia de derecho de pensión, así como modificaciones en la Ley del Impuesto de Sociedades.
En detalle, se procederá a la trasposición de las directivas comunitarias antielusión fiscal (la directiva ATAD y ATAD II) para adaptar la deducibilidad de los intereses, la imposición de salida, la aplicación de las normas generales contra las prácticas abusivas, la transparencia fiscal internacional y las normas para hacer frente a las asimetrías híbridas.
También verá la luz una ley por la que se modificará el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, para conseguir una mayor eficiencia en el mantenimiento de la información catastral, así como la simplificación en los procedimientos administrativos y su normalización con el fin de reducción de cargas a los ciudadanos.
A su vez, el Ministerio de Economía impulsará la aprobación de la Ley de Cooperativas de Crédito para actualizar el régimen jurídico; la Ley sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas; la Ley de transposición de la directiva europea que regula el Mercado de Valores, y la norma que modifica la ley de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.
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El departamento de Luis de Guindos presentará la Ley sobre servicios de pago en el mercado interior y la transposición de la directiva europea relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo. Otra norma que verá la luz en 2018 será la Ley de Distribución de Seguros y reaseguros privados, que establecerá unas condiciones de competencia equitativa entre los distintos distribuidores que operan en el mercado y garantizará el mismo nivel de protección a los consumidores.
El catastro
Respecto a los reales decretos, Hacienda aprobará como es habitual el decreto sobre revalorización y complementos de pensiones de clases pasivas para 2019, así como el reglamento de desarrollo de la Ley de Transparencia, el desarrollo de la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado y el de la gestión electrónica de los procedimientos y el funcionamiento electrónico del sector público.
Igualmente, verá la luz el Estatuto de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda y la norma sobre el régimen orgánico y funcional de la junta consultiva de contratación pública del Estado, junto a las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana.
Otros reales decretos que el Gobierno intentará sacar adelante en 2018 serán los que aprueban el reglamento de la Caja General de Depósitos, otro por el que se regulan los centros tecnológicos y los centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal y se crea el registro de tales centros y otro por el que se desarrolla la ley de distribución de seguros y reaseguros privados en materia de información estadístico-contable y del negocio. Se aprobará de la misma forma el reglamento de desarrollo de la Ley de Auditoría de Cuentas.
Pensiones y SMI
En cuanto al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, las normas que verán la luz en 2018 correspondientes a este departamento serán para establecer el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la revalorización de las pensiones y otras prestaciones sociales para el año 2019, así como el reglamento de funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
El departamento de Fátima Báñez también trabajará parra aprobar el decreto que desarrolla el complemento por maternidad, el reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, y otras dos normas más.
Una aprueba el reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social y la otra regula el tratamiento, a efectos de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social, del período correspondiente a las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas antes de la finalización del contrato de trabajo.
Casi 300 normas
De igual forma, Sáenz de Santamaría ha explicado que de las más de 280 normas previstas para el próximo ejercicio, se elegirá un porcentaje para su evaluación tras ser aprobadas, con el objetivo de analizar su resultado en términos de eficacia y sostenibilidad.
Así, 40 proyectos normativos se someten al procedimiento de evaluación normativa, entre las que figuran la Ley de modificación del texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios, la Ley sobre seguridad de las redes o la Ley de cooperativas de crédito, entre otras.
