22 de enero de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Interrogantes

El epílogo de la salida de Cifuentes invita a un debate a campo abierto bajo una pregunta: ¿Era necesario buscar el exterminio de la expresidenta para que asumiera su responsabilidad?

 

 

A estas alturas, parece indiscutible que Cristina Cifuentes tenía que haber dimitido cuando salieron a la luz pública las primeras noticias sobre su máster. Y no por la evidencia de que éste le hubiese sido otorgado sin más merecimiento que el de ostentar una posición de poder que le permitía perpetrar -lo llegase a hacer o no- el consabido mercadeo clientelar, sino por haber mentido a los ciudadanos, insistiendo descaradamente en su justicia.

Fue esta falta de respeto lo que hacía obligada su dimisión, no el lamentable trapicheo del regalo del máster, al fin y al cabo más achacable a la propia Universidad concedente, tan poco celosa del respeto que se debía a sí misma y a sus alumnos.

Pero no dimitió y por eso merecía ser duramente criticada. Ahora bien, la difusión del vídeo hecho público por okdiario y su propagación hasta la náusea por televisiones, prensa y digitales, obliga a cambiar el objeto de la reflexión.

El fuego

La cuestión ya no es siquiera quién ha sacado a la luz ese vídeo o por qué. Lo importante no es si se trató de fuego amigo impaciente o de enemigos abatidos deseosos de trasladar la diana a otro.

 

Hasta qué punto es legítimo difundir un vídeo, desde todos los medios, cuya posesión ya es en sí misma ilegal

 

La que realmente nos debe preocupar es cómo es posible que uno de los pobladores del sistema (político, policía, empresario, espía, periodista o vecino cualquiera de la cloaca del poder) tuviese conocimiento de él y pudiese hacerlo suyo casi en tiempo real a la comisión del hurto por Cristina Cifuentes.

Lo ocurrido nos obliga a preguntarnos si lo que pensábamos que era una apacible y acogedora democracia burguesa de manual, no será en realidad un escenario de cartón piedra tras el que chapotean siniestros personajes, que se dedican a escanear y archivar preventivamente las vidas de todos aquellos ilusos que se creen con derecho a disputarles su santuario de poder.

Y el segundo gran interrogante es el de hasta qué punto es legítimo difundir un vídeo, repitiéndolo una y otra vez a todas horas y desde todos los medios, cuya posesión ya es en sí misma ilegal y cuya publicación supone la muerte civil de su protagonista.

La mancha

Y es que ya no se trata de la defenestración política de la Sra. Cifuentes. Se trata de su exterminio social. De su estigmatización como ser humano, en una pena cuyo cumplimiento se va a prolongar mucho más allá de su abandono de la vida pública.

Resulta inquietante tanta falta de piedad, pero sobre todo asusta lo fácil que es convertirnos en jauría.

 

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