Oltra recurre a los medios de centros privados tras las muertes en residencias

La vicepresidencia y consellera de Igualdad ha aprobado una resolución por la que se acuerdan medidas extraordinarias de gestión de servicios sociales con el objetivo de poner a disposición de la Generalitat Valenciana los medios y recursos sociales o sociosanitarios de otras administraciones públicas y entidades privadas en función de las necesidades que surjan con motivo de la expansión del coronavirus Covid-19.

La decisión de Mónica Oltra se produce cuatro días después de la declaración de estado de alarma y tras los múltiples casos, con cuatro víctimas incluidas, de ancianos en residencias.

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Hasta el momento ha sido el presidente Ximo Puig y la consellera Ana Barceló los que están  ofreciendo diariamente la información sobre la pandemia que está paralizado la Comunitat.

Mónica Oltra, responsable de las Política Inclusivas y de Instituto Valenciano de Atención Social y Sanitaria, entre otras competencias, está manteniendo un perfil bajo ante la crisis. Y todo ello pese a que las residencias de mayores están consideradas centros críticos. De hecho, en la residencia de mayores Santa Elena de Torrent ha habido cuatro fallecidos y el  60% de los usuarios están infectados. Mientras que en la Domus de Alcoi un 32% de la plantilla está afectada por el coronavirus.

Autorización judicial

La resolución de Mónica Oltra, publicada ayer en el DOGV, tiene en cuenta que los servicios sociales valencianos deben atender a una población considerada de alto riesgo en caso de contagio del coronavirus. "Esta situación hace indispensable movilizar recursos materiales y humanos para prevenir y, en su caso, combatir la enfermedad y proteger a las personas más vulnerables". 

La medida se adoptará según las necesidades y contará con la autorización judicial previa cuando resulte pertinente.

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas podrá a partir de ahora "disponer de los medios y recursos de los servicios sociales o sociosanitarios, así como del personal dependiente de estos servicios, y también podrán adoptarse medidas de movilidad geográfica en el conjunto de la Comunitat Valenciana".

Por lo que se refiere a la puesta a disposición de los medios y recursos sociales, se realizará de "forma gradual" y "según las necesidades sociales" poniéndose a disposición los centros, establecimientos, servicios y programas de atención social o sociosanitaria, "con la autorización judicial previa cuando resulte pertinente y con la oportuna comunicación al Ministerio correspondiente".

Asimismo, se establece la "disponibilidad de todo el personal" funcionalmente dependiente de estos servicios para poder realizar "funciones diferentes" a las correspondientes a su puesto de trabajo, categoría o especialidad relacionados con el ámbito social o socio-sanitario, pero de acuerdo a su perfil profesional.

Igualmente, podrán adoptarse medidas de movilidad geográfica en el conjunto de la Comunitat Valenciana y la suspensión de la normativa relacionada con las jornadas de trabajo y descanso, previa comunicación a los órganos de representación de personal. Esta medida se llevará a cabo respetando los descansos establecidos por la Conselleria de Sanidad en su decreto 32/2020.

Víctimas de violencia de género

La resolución, no obstante, establece que quedan exentas de la movilidad geográfica o funcional las mujeres víctimas de la violencia de género que tengan su puesto de trabajo adaptado por esta circunstancia, y tampoco será aplicable a las mujeres embarazadas.

Esta decisión se ampara en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma; la Ley 33/2011, de Salud Pública; la Ley3/2019, de Servicios Sociales Inclusivos, que dispone los servicios sociales con carácter de servicio público esencial y en el Estatuto de Autonomía.