22 de octubre de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Verdades y mentiras sobre las pensiones en España

¿Son malas las pensiones en España? ¿Están por debajo de Europa? ¿Quién las paga de verdad? ¿Se han revalorizado o no? Entre medias verdades y mentiras clamorosas, éstas son las respuestas.

Las pensiones ocupan el debate público, con una inesperada cadena de manifestaciones en ciudades de toda España donde coinciden pensionistas inquietos con amplias capas poblaciones acostumbradas a movilizarse, desde hace años, por distintas causas. ¿Pero es verdad que las pensiones son bajas? ¿Se pueden aumentar sin riesgo para el sistema? ¿Está amenazado el futuro para los que hoy las pagan con sus cotizaciones? En el siguiente informe se traza el panorama global, con datos oficiales del Ministerio de Trabajo, la Seguridad Social, el INE y la Unión Europea. Y se resuelven todas las incógnitas.

 

¿Se han reducido las pensiones en España?

 

Es falso ahora y posible a futuro. El gasto en pensiones es ahora mismo el más alto de la historia de España. En 2009 se gastaban 6.500 millones de euros al mes; hoy se roza los 9.000 millones mensuales. En términos de PIB, las jubilaciones suponían antes el 8% del PIB aproximadamente y hoy llegan al 11.5%.  Una cifra más: desde el año 2000 hasta hoy, el presupuesto para las jubilaciones se ha más que duplicado, pasando de menos de 60.000 millones de euros anuales a casi 139.000 millones. El factor de sostenibilidad sí presagia bajadas a partir de 2021 que podrían llegar hasta a 200 euros mensuales, aunque todos parecen conjurados en evitarlo de un modo u otro.

 

¿Son bajas la pensiones en España?

 

Falso también. La pensión media es de 1.077 euros mensuales brutos por catorce pagas, prácticamente idéntica a la de Alemania o Francia, por ejemplo. De hecho, es el único 'salario' que en España se parece al de los países más punteros de Europa. La revalorización de las pensiones españolas ha sido, en ese sentido, espectacular en los últimos lustros, coincidiendo sin embargo con varios fenómenos que podrían haberlas amenazado: en ese mismo periodo los salarios se han reducido, cuando no hundido; la esperanza de vida ha aumentado; el número de jubilados ha crecido y el paro se ha disparado. En resumen: con menos gente trabajando y con peores salarios; las pensiones no han dejado de subir en número y en cuantía.

 

¿Son justas las pensiones?

 

Cierto, pero no siempre. Dado que el cálculo del 'sueldo' de un jubilado se hace por sus cotizaciones durante su vida laboral, lo que mide la 'justicia' de la pensión es su parecido con la nómina que tenía antes de dejar de trabajar: la llamada tasa de reposición. La media de la Unión Europea es del 59%: cobran 6 de cada 10 euros del salario que tenían. En España, es el 80%. Esto significa que España es de los países donde más se parece la pensión al sueldo previo.

 

¿No se han revalorizado las pensiones aunque el gasto haya subido?

 

Falso igualmente. Podría ser que el gasto total en pensiones subiera mucho pero no la pensión individual recibida por una razón: que subiera mucho el número de jubilados. Y lo ha hecho, sin duda, pero también lo que reciben: en 2001 la pensión media contributiva era, en números redondos, de 500 euros mensuales. Hoy se duplica esa cantidad y alcanza la media de los países más avanzados pese a que la renta española es más baja. Y lo mismo ha pasado con las pensiones no contributivas: se han duplicado en el mismo periodo de los 200€ a los 400€. Es poco, sin duda, pero a principios de siglo era la mitad.

 

¿Hay muchas pensiones bajas?

 

Cierto y falso a la vez. Las que hay bajas, son evidentemente muy reducidas y hacen muy complicada la supervivencia a quienes cobran menos de 700 euros.  En España, se pagan exactamente 10.036.448 de pensiones a fecha de diciembre de 2017. De ellas, 'sólo' 454.678 son no contributivas, pertenecientes a personas que no han cotizado. Éstas son las más vulnerables, junto a las de viudedad, porque suelen corresponder con personas que han trabajado sin pasar por la Seguridad Social (en casa fundamentalmente) o que, al perder al marido, ven reducida de repente de manera drástica su mensualidad.

 

 

 

El 71% de las pensiones en España son por jubilación; un 17% por viudedad y un 10% por incapacidad permanente. El 22%, en números redondos, son de viudedad o no contributivas, que pese a haberse incluso duplicado siguen siendo las más bajas. El 78% restante reciben hasta el 80% de lo que cobraban en activo y han supuesto doblar el gasto en este capítulo en los mismos años en que se estancaba el salario medio y crecía el paro.

 

¿Se pueden pagar más pensiones?

 

Cierto, pero es un riesgo quizá. El sistema es bueno y la media de 1.077 euros lo atestigua. El Gobierno, por la presión política, ha anunciado que subirá las más bajas y las de viudedad, que son las más débiles. El resto no tiene esa necesidad perentoria, con los datos en la mano, salvo que se le exija aún más esfuerzo a los trabajadores en activo: cada pensión se paga por 1.8 empleados, pero ahí no termina la cosa. Si la población española total es de 46 millones de  personas y la activa de cotizantes de 19, de los cuales sólo tienen trabajo unos 14, significa que cada asalariado tiene que mantenerse a sí mismo y a otras tres personas entre parados, pensionistas y niños. Y esa cifra seguirá subiendo.

 

¿Quién paga las pensiones?

 

No las paga el jubilado actual: él pagó las de los pensionistas precedentes cuando estaba en activo, salvo aquellos que hoy cobran pensiones no contributivas y, en consecuencia, no financiaron en el pasado el sistema para los pensionistas de entonces. Las pensiones se pagan con el dinero que la Seguridad Social recauda para costear el sistema a través de las cotizaciones, reteniendo una cantidad del 28% del coste real del trabajador en su nómina: ese dinero no lo ve el asalariado, pero es lo que realmente 'cobra'.

Las pensiones, en realidad, se pagan desde las empresas y desde el asalariado según la siguiente fórmula: el empresario ingresa directamente en la SS un 23.6% del coste total del trabajador, que paga sin saberlo otro 4.7% más hasta llegar al 28.3% que se 'pierde' en el camino para mantener las pensiones.

No es el único concepto que 'desaparece' de la nómina: otro 7.05% va a financiar el desempleo y un último 0.9% se destina al FOGASA  y a la Formación Profesional. En resumen, a cada nómina debería sumársele un espectacular 36.25% para que cada empleado supiera lo que cuesta, aunque no lo cobre: la cantidad que le desaparece va a esos conceptos descritos, con las pensiones a la cabeza y el siguiente reparto: el 30% lo abona el empresario y el 6% su empleado.

 

¿Cómo se pueden subir las pensiones?

 

Cierto es que hay fórmulas, pero tienen consecuencias. Sólo hay tres maneras: relacionándolas con el IPC, creando un impuesto específico para incrementarlas o subiendo las cotizaciones. Esto último supondría reducir los salarios, que difícilmente subirán si la productividad en España sigue siendo mucho más baja que en Europa.

Pero o se hace eso o se aumenta más presión fiscal para que las jubilaciones se actualicen con arreglo al Índice de Precios al Consumo. La pregunta es si los empleados están dispuestos a pasar del 36.5% de cotizaciones que ya 'pierden' al 50% que sería necesario para hacer subir las pensiones teniendo en cuenta que cada día hay más jubilados.

 

 

La demografía también asusta: el importe de las pensiones se ha duplicado en menos de dos décadas, pese a que hay 360.000 nacimientos menos y la población ha aumentado en diez millones de personas. En otras palabras: hay poca gente trabajando, muchos más pensionistas con la segunda mejor esperanza de vida del mundo tras Japón y muy pocos nacimientos para reforzar a medio plazo la población activa. La inmigración, y sólo ella, puede revertir esa tendencia. El futuro es negro para los trabajadores de hoy: si tiene sueldos altos, el sistema difícilmente les dará una pensión equivalente. Y si son bajos, no va a ser fácil que se la mejoren con esa pirámide poblacional y el sistema productivo vigente en España.

 

¿Hay otra manera de aumentarlas?

 

Cierto. Meterlas directamente en los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, no vincularlas a las cotizaciones, sino a los recursos totales. Pero para no disparar el déficit y la deuda tendría que recortarse de otros capítulos. Incluir 139.000 millones de euros en los PGE obligaría, necesariamente, a crear más impuestos o a reducir otros gastos, y ningún Gobierno se atreve. Y ésta sería la gran crítica a todos ellos.

¿Por qué asumen la insostenibilidad del sistema de pensiones pero se niegan a estudiar lo mismo en el resto de la Administración Pública? Si no hay para más pensiones, ¿no tendría sentido quitarlo antes de un sector público que incluye miles de ayuntamientos, diputaciones, facultades, empresas públicas, observatorios, televisiones y un sinfin de organismos y entidades seguramente muy innecesarias? Un ejemplo reciente: los mismos sindicatos que han apoyado las manifestaciones de jubilados acaban de firmar con Hacienda un incremento salarial de hasta el 9% para todos los empleados públicos en tres años. ¿Era más prioritario esto?

 

¿Hay abusos en las pensiones?

 

Cierto. Para empezar, y no es un exceso pero sí un dato, hay más pensiones que pensionistas: esto significa que en España hay unas 800.000 personas que cobran dos. Pero el verdadero quid de la cuestión está en las pensiones por incapacidad permanente, como antes lo estuvo en las jubilaciones anticipadas especialmente en el ámbito público, que se reconocen desde las Comunidades Autónomas.

Resulta sorprendente el contraste entre ellas según la región y abona la sospecha de la falta de control que hace recaer en el sistema de pensiones la carga sobre personas que, tal vez, deberían estar trabajando: en Madrid, con datos de 2017, el 22% de las pensiones totales se concedió logrando primero la invalidez permanente. En Andalucía, el 43% y en Extremadura el 41%.  

 

¿Hay partidos detrás de las manifestaciones?

 

Cierto. Especialmente Podemos, algunos militantes o simpatizantes suyos están detrás de la la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Su portavoz es Victoria Portas Mariño y pertenece a En Marea, la marca hermana en Galicia del partido de Pablo Iglesias.

Hasta el punto de que, hace un año, Portas concurrió a las elecciones internas al consello de las Mareas -su comité ejecutivo- como parte de una de las tres candidaturas de militantes que aspiraban a liderarlo.

En concreto la portavoz de los pensionistas iba en el décimo puesto de la lista que encabezaba el diputado de En Marea en el Parlamento de Galicia David Rodríguez Estévez, Somos Quen. Lista que no obstante quedó segunda.   

Portas ya había intentado antes entrar en la cúpula de En Marea presentándose a las primarias que el conglomerado de mareas celebró antes de las elecciones gallegas de 2016. No tuvo éxito.

Su candidatura se llamaba En Movemento y su eslogan era: "Una candidatura plural para derrotar al PP". Se definían, además, como "una multitud insurrecta".  Ahora es la cara visible de un movimiento que dice ser apolítico pero está liderado por una militante de Podemos.

 

 

¿Está politizada la protesta?

 

Cierto. No sólo por la militancia en Podemos de la líder de la plataforma, sino por el ataque en toda regla de Podemos al Gobierno del PP y a Ciudadanos en este asunto. El partido de Iglesias ha pasado de echar la culpa a los mayores de 65 años de impedir el cambio a intentar pasar por el principal defensor de sus intereses y difusor de un compendio de medias verdades o de directas mentiras sobre el estado real del sistema de pensiones a presente y a futuro.

Hay una explicación política, a la que se suma Pedro Sánchez desde el PSOE: sólo el 3% de los jubilados vota a Podemos; y la alianza de éste con el PSOE se ha desplomado en dos años. En las Generales de 2015 la suma de PSOE y Podemos empataba (incluso ganaba por unas centésimas) a la de PP y Ciudadanos. Hoy en día, el segundo bloque supera por cinco puntos al primero y alcanza una mayoría absoluta muy holgada.

Y además, de algún modo, el conflicto en Cataluña le había arrebatado la calle al llamado populismo, con constantes manifestaciones en defensa de la Constitución con decenas de miles de personas ocupando la vía pública.

Lo cierto es que no hubo manifestaciones cuando el Gobierno de Zapatero congeló las pensiones, endureció el sistema para calcular el importe y aumentó la edad de jubilación hasta los 67 años y ahora, con el sistema en sus mejores cifras, las ha habido. Seguramente no es una casualidad.

 

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