La causa por la visita del Papa de hace trece años depende de un informe

Juan Cotino, ex exconseller del Gobierno valenciano en el Gobierno de Francisco Camps,  ha aportado al juzgado un informe que rebate las conclusiones emitidas por el perito judicial y los agentes de la UDEF en la causa de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006.

El juzgado de instrucción número 5 de Valencia acusa a Cotino a Camps y a otros miembros del entonces gobierno valenciano por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad por supuestas irregularidades en las adjudicaciones por parte  de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF) para la visita del Papa Benedicto XVI de hace trece años.

El informe aportado, por el que también fue presidente de Les Corts Valencianes, está firmado  por un abogado del Estado en excedencia y sostiene que la organizadora del evento no era una entidad pública sino privada y por lo tanto no estaba sujeta a las normativa de contratación pública, que obliga a que las adjudicaciones se realicen por concurso o por pública concurrencia.

En el documento de 29 páginas, al que ha tenido acceso ESdiarioCV, se sostiene que los argumentos que han servido para acusar a Cotino carecen de la "más mínima consistencia jurídica". En este sentido se subraya que la FVEMF no fue una fundación del sector público estatal, según la Ley 50/2002 de Fundaciones ni la 8/1998 de la Generalitat porque no se constituyó con aportaciones mayoritarias de la Administración General del Estado, ni de la Generalitat ni su patrimonio fundacional con carácter de permanencia estuvo formado en más de un 50 por ciento por bienes o derecho cedidos o aportados por estas entidades. Por analogía, con lo expuesto, tampoco puede sostenerse que la citada fundación haya pertenecido nunca al sector público local.

En trabajo realizado a instancia de Cotino  niega que la aportación excepcional realizada por la Generalitat a la FVEMF en 2010 y a la que se le dio la calificación de "dotación fundacional" en 2014 la convirtiera en una fundación del sector público porque esa aportación no tuvo vocación de permanencia. En esta línea, apunta que tampoco quedaba sujeta a las exigencias de la normativa de contratación pública ni sobre ella existía un control efectivo de la administración autonómica.

Declaración de expres

Cotino  ha argumentado en su comparecencia ante el juez que contactaron con él en 2003, siendo delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, para colaborar en la organización de la visita de Benedicto XVI por su conocimiento de temas de seguridad, ya que, además, con anterioridad había sido director general de la Policía y concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Valencia.

Asimismo, según han asegurado a Europa Press fuentes conocedoras de su declaración, fue llamado por el Arzobispado por su "vínculo" con la Iglesia, puesto que ya había colaborado como voluntario en la visita del Papa Juan Pablo II a Valencia en 1983. En esta línea, ha indicado que participó en reuniones de voluntarios pero que, en ningún caso, tenía capacidad de decisión de contratación.

La jueza abrió en 2016 esta causa por distintos delitos por supuestas irregularidades en las adjudicaciones por parte de la fundación que organizó la visita del papa Benedicto XV. El origen fue la pieza separada del caso Gürtel remitida a Valencia por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

La declaración duró menos de media hora. Tras Cotino ha declarado la que fuera secretaria de la Fundación, Henar Molinero. Para hoy está citado el obispo auxiliar de Valencia monseñor Esteban Escudero; pasado el representante legal de la fundación y el secretario del arzobispado. En días sucesivos están citado el exconcejal y miembro del patronato Enrique Pérez Boada, el exvicepresidente Víctor Campos y el expresident Francisco Camps.

El documento aportado por Cotino se considera clave en la causa, según distintas fuentes consultadas por este diario.

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