Los escándalos que han marcado al cuatripartito de izquierdas en la Diputación

Una investigación policial y judicial sobre contratos irregulares en la Diputación de Valencia, que comenzó hace seis meses gracias a las denuncias de los propios trabajadores de la institución, ha asestado un duro golpe al PSPV-PSOE y a la formación -a nivel nacional- y otro golpe más a la Generalitat Valenciana. Lo cierto es que no solo a los socialistas, ya que también Compromís, socio de gobierno de aquellos, está directamente afectada por este caso de corrupción.

La gestión del cuatripartito, en la que el PSPV tenía la presidencia y cuatro áreas; Compromís la vicepresidencia y tres departamentos y había delegaciones para EU y Valencia en Comú; ha puesto sobre la palestra numerosos escándalos que, al final, han evidenciado la intención que tenían todos los socios de gobierno: poner en marcha un acuerdo a la carrera para evitar que el PP entrara en todas las instituciones y seguir utilizando la institución y su empresa pública Divalterra, denominada anteriormente Imelsa, como foco de múltiples chanchullos en los que las causas judiciales por corrupción durante la época del PP se han vuelto a reproducir en esta.  Al final, la "nueva Diputación" de la que alardeaba el cuatripartito de izquierdas del gobierno provincial ha caído como la "vieja" con una gestión a sus espaldas que ha demostrado ser insostenible. 

Los enchufes para colocar a cargos de los partidos en la antigua Imelsa

En 2015, a su llegada al cargo, Jorge Rodríguez decidió multiplicar los puestos de dirección de Imelsa -aún con ese nombre-. De un gerente (Marcos Benavent) se pasó a un total de diez puestos directivos, entre cogerentes y responsables de área. Los elegidos para esos puestos eran, en su mayoría, cargos o responsables de PSPV y Compromís. Y en algunos casos, con una experiencia profesional más que discutible para ocupar esas responsabilidad. El intento de aumentar esos nombramientos, con contratos de alta dirección y sin concurso público, a pesar de los informes jurídicos en contra, derivó en las primeras denuncias en Anticorrupción.

La destitución de Sahuquillo y los embargos a Divalterra

Divalterra constató la propia situación de paralización en la que se encontraba la entidad desde que Víctor Sahuquillo fue destituido como gerente. En mayo de 2017, aún sin nombrar sustituto, un juez embargó a la empresa pública una nave industrial, cinco vehículos, todas sus cuentas corrientes, y todos los créditos o recaudación a los que pueda tener acceso. Y todo, por un impago de 18.000 euros. La decisión del juzgado de lo Social número 3 de Valencia por la que se ordenó la ejecución de la sentencia tenía fecha del pasado 3 de mayo. Pero hacía alusión a un fallo del 9 de septiembre de 2016. En esa fecha, la firma pública era condenada por adeudar 18.496,95 euros, más otros 2.770 euros provisionados inicialmente para intereses y costas. Un pago a realizar en calidad de finiquito a un extrabajador que había sido despedido. El embargo afectó a una nave industrial, cinco vehículos; los saldos existentes en las cuentas con Divalterra de titular, así como los saldos de otras cuentas corrientes, de ahorro, depósitos y productos financieros de cualquier naturaleza. 

Reunión con alcaldes en la Diputación de Valencia

Prohibición cultural de EU

Lo Rat Penat pidió a la Diputación de Valencia, como todos los años, la solicitud del Teatro Principal para hacer su gala y la diputada de Esquerra Unida, Rosa Pérez, no contestó a esa petición. Se creó una ordenanza sobre el nuevo uso que se iba a hacer de ese teatro, reiterando que los Jocs Florals se hacían anualmente allí y que se debía respetar la medida. Finalmente Lo Rat Penat no obtuvo respuesta ni autorización por parte de la Diputación para celebrar los Jocs allí y tuvieron que optar por irse a otro teatro. El PSPV acusan a EU de no haber dejado que la institución siguiera haciendo esa entrega de premios.  

Por cierto,  Ciudadanos (Cs)  desveló en el último pleno que existe un informe que recomienda cesar a la diputada Perez (EU)  como consejera de Divalterra por incompatibilidad al estar presuntamente investigada en el caso Taula. 

Subvenciones y ayudas

9 de cada 10 euros concedidos en subvenciones por la Diputación de Valencia durante esta legislatura han ido a parar a Ayuntamiento dirigidos por alcaldes del PSPV y Compromís. 

Sólo el pueblo de Jorge Rodríguez, Ontinyent, ha recibidos más ayudas a dedo (1.500.000 euros) que los 55 pueblos gobernados por el Partido Popular juntos ( 1.300.000 euros).  Además, la localidad de El Palomar, una pequeño municipio de la Vall d'Albaida, la comarca de Rodríguez, cuenta con 603 habitantes, según el censo oficial, y su alcalde, Jordi Vila, y asesor suyo en la Diputación, ha conseguido en esta legislatura una inyección de 314.099 euros por medio de los convenios singulares que reparte a discreción la entidad provincial. 

El reparto sectario de estas subvenciones también ha estado presente en el Área de Cultura también donde el sesgo ideológico catalanista de Compromís ha concedido 600.000 euros a entidades catalanistas, mientras se ha dedicado boicotear las subvenciones a Lo Rat Penat.

Amigó (Compromís), cobra 50.000 euros sin dedicación exclusiva y tiene tres asesores 

En la historia de la Diputación de Valencia nunca la vicepresidencia primera de la corporación había contado con semejante equipo. Maria Josep Amigó, miembro de la dirección de Compromis, dispone de una secretaria, que es funcionaria de la casa, un jefe de gabinete y dos asesores. Amigó, que cobra algo más de 50.000 euros anuales, no tiene dedicación exclusiva. De esta forma puede compatibilizar su cargo institucional con su despacho de abogado. El diputado con 100% de disponibilidad recibe 63.000 euros.

La diputada nacionalista tiene a su disposición un jefe de gabinete, Miquel Torres, que cobra 54.999,98 euros anuales; un asesor, Vicent Grande, 42.395,96 euros al año; y dos funcionarios (uno de ellos en comisión de servicios, Iván Bonet, funcionario del Ayuntamiento de Guardamar) 37.368 euros anuales. Si a este gasto sumamos el sueldo de la propia vicepresidenta, que asciende a 50.250 euros anuales, todo el equipo cuesta 185.000 euros anuales a la Diputación de Valencia. O lo que es lo mismo, esta legislatura vicepresidencia recibirá más de 740.000 de las arcas provinciales, sin contar las retribuciones mensuales que cobra Amigó por gastos de desplazamiento.

La variante de Pedralba

Esta ha sido otra de las piedras pesadas de la gestión provincial. Han pasado tres años y la obra está paralizada y sin vías de solución, por una disputa política. La Diputación de Valencia, responsable de la variante, culpó a la Conselleria de Agricultura  y Medio Ambiente y ésta a la corporación provincial por no ejecutarla. El resultado es que nadie movíaficha. El ayuntamiento ha mantenido reuniones con unos y otros, ha llevado el asunto a Les Corts, ha remitido cartas al presidente Ximo Puig, a la vicepresidenta Mónica Oltra, se ha manifestado en Valencia y en el municipio y ... al final, la respuesta siempre ha sido la misma: "estaban trabajando en ello". Ante ese silencio "administrativo", el gobierno local decidió llevar el caso a los tribunales

Fuentes de la diputación consideraron "lógica" la demanda y adelantan que, ahora, no les queda más remedio que denunciar por su parte a la conselleria, que dirige  Elena Cebrián, ya que es, en su opinión, la responsable del bloqueo.

El edificio del teatro Escalante

En 2016 se cerró, debido los fallos estructurales del edificio, y en un informe realizado por los técnicos de la Diputación, la institución que alquilaba el espacio a la Fundación Patronato Juventud Obrera, señalaba que el edificio había llegado al fin de su vida útil.

Durante todo este tiempo, muchas fueron las acusaciones a la entidad propietaria del inmueble. Entre ellas, el hecho de que no hubiera realizado las inspecciones oportunas en el palacete. Este, además, fue uno de los argumentos esgrimidos por el jurista encargado de elaborar otro informe para la corporación provincial en el que se señaló este hecho como una de las causas para finiquitar el contrato de alquiler suscrito entre ambas entidades. Así, el 31 de diciembre pasado, la Diputación se deshizo del inmueble.