Una sentencia increíble del Tribunal Supremo que no detendrá al independentismo

La sentencia del Tribunal Supremo que condena a penas de entre 9 y 13 años de cárcel a los nueve dirigentes procesados por el llamado procés es, desde luego, jurídicamente respetable e intachable desde el punto de vista de un Estado de Derecho sólido: razona igual de bien por qué les sanciona a todos ellos por delitos de sedición y malversación como por qué les absuelve de rebelión, la acusación más dura y castigada.

La unanimidad de los componentes de la Sala de lo Penal y el temor, tal vez, a que les revocara Estrasburgo su fallo explican, muy probablemente, la renuncia a castigar esa rebelión y su apuesta por un delito sin duda gravísimo que, sin embargo, no responde del todo a la naturaleza real de los abusos cometidos por todos ellos y alguno más fugado a Bélgica.

La trampa en la sentencia que da una ventaja increíble a Junqueras y a sus socios

Si esas son las razones que Marchena y sus compañeros han tenido para rebajar el castigo, no son acertadas. Y si además de ellas hay otras de índole política, la decepción es mayor. Y es casi imposible no verlas tras constatarse el cambio de postura aparente del Supremo, que repentinamente se ha sumado a la posición de la Abogacía del Estado, en contra de todos los jueces de instrucción y de la Fiscalía.

Criterio político

Y de la propia Abogacía, que sostuvo también la acusación de rebelión hasta que hubo un relevo en la cúpula de la institución y el criterio del Gobierno se impuso al que hasta entonces mantenía: que Sánchez prefiriera obviar el delito de rebelión es una cosa; que ese criterio se imponga en la Abogacía y a la vez en el Supremo, otra muy distinta. Y muy grave.

El Supremo ha aplicado al final el criterio político del Gobierno, que movilizó a la Abogacía del Estado para lograr esta sentencia

Lo cierto es que en Cataluña hubo una conspiración, sostenida en el tiempo e institucionalizada, por acabar con la Constitución e imponer la independencia unilateral de Cataluña. Y lo cierto también es que eso se hizo con enorme violencia y con la dirección de los ahora condenados, de las instituciones que dirigían y del dinero público que manejaban.

Y esa parte ha quedado sonrojantemente impune, sin ningún argumento jurídico ni político suficiente. Si al menos sirviera para detener el procés y situar al soberanismo en un marco de aceptación del Estado de Derecho, tendría algo de sentido, aunque seguiría siendo un razonamiento ajeno al que debe mover al Supremo.

Pero es que además eso no está nada claro. Sería absurdo rebajar las consecuencias penales de tantos excesos para, al final, redoblarlos. Y nada indica que no vaya a ser así.