16 de diciembre de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Obligar a TV3 a cumplir con la ley y dejar de ser pirómana es ya una urgencia

Tv3 incumple la ley, con o sin 155, para convertirse en un indecente altavoz de una ideología golpista que desafía a diario a la democracia. Parar ya eso no es una opción, es una obligación.

 

 

 

TV3, y en general todos los medios de comunicación públicos catalanes, lleva años convertida en trampolín, cemento y altavoz de una ideología que ha asaltado la legalidad, desde las propias instituciones, para subvertir el orden constitucional e imponer por la fuerza un marco antidemocrático en que el que no caben la mitad de la sociedad catalana, al menos, y el conjunto de la española.

Es una caso único en el mundo, salvo en Venezuela, Irán o Corea del Norte; de conculcación palmaria de las obligaciones legales de un medio de comunicación público y de sometimiento a una ilegalidad constante al objeto de ayudar a imponerla, cuando no incentivarla, con un desprecio sonrojante por la legalidad, el sentido común y la deontología profesional.

De hecho, seguramente el independentismo no se habría disparado en Cataluña de no ser por la amplificación constante de sus quejas, mensajes y decisiones desde un ente público cuyos recursos económicos, disparatados en el sector por su formidable cuantía, se explican por ese deseo de no reparar en gastos para imponer ese mensaje tóxico en la opinión pública catalana.

Con o sin 155, no se puede admitir ya que un ente público despilfarrador se dedique a extender el odio y a enfrentar a la sociedad a la que se debe

El artículo 155 no incluyó la gestión de TV3, por el absurdo veto del PSOE y la lógica aceptación de un Gobierno que antepuso el máximo consenso a las máximas atribuciones en la aplicación de esta excepcionalidad constitucional; pero aun sin esa herramienta se puede y se debe hacer algo más para acabar con la promoción del enfrentamiento que tiene por misión esta corporación mediática al servicio del totalitarismo secesionista.

En una democracia normal, Tv3 no existiría, pero en la española, en este campo, todo es posible: no hay más que ver cómo los mismos sindicatos que atacan a diario a RTVE por su supuesta falta de independencia, tan falsa como vendible; no sólo miran para otro lado en el caso catalán, sino que se suman a manifestaciones hirientes para la Justicia española en las que se tilda a los golpistas como "presos políticos".

El cinismo sindical

¿Cómo se puede magnificar tanto el papel de TVE o RNE, ponderado, plural y razonable siempre; mientras se da pábulo a un ente audiovisual transformado en la artillería de un proceso ilegal que incendia las calles, promociona a delincuentes, fractura a la sociedad y aísla y empobrece a Cataluña?

 

 

Por eso, sería muy deseable que el 155 se ampliara para incluir entre sus cometidos la gestión de Tv3 con arreglo, simplemente, a lo que ya le impone la ley del sector y su naturaleza pública. Y hay que preguntarle al PSOE, las veces que sea necesario, si va a apoyar o no esta imprescindible medida. Pero si acaso no prospera, hay otras de carácter administrativo, jurídico, político y económico que sí se deben iniciar sin dilación sobre esta lavadora de potenciales delitos de la máxima gravedad, clave en la propaganda de un régimen mentiroso y prebélico.

TV3 ha inoculado un virus en Cataluña que es simplemente ilegal. En ninguna televisión del mundo se consiente esto

Y no sería malo que las propias asociaciones de la prensa, empezando por la FAPE que las reúne a todas ellas, diera un paso en esa dirección legal para demostrar que este asunto no es un capricho de PP o Ciudadanos, sino una cuestión de elemental higiene democrática.

Sorprende la facilidad con que la utilización de los medios de comunicación o el acoso a algunos de ellos, desde posiciones nacionalistas o populistas según el caso, encuentra por respuesta la tibieza acomplejada o el silencio aterrado en lugar de la enérgica oposición y la adopción de cuantas medidas estén al alcance para denunciarlo y evitarlo. Tv3 es un peligro público, pagado con dinero de todos, al servicio del nacionalismo más medieval y golpista que existe ahora mismo en la Europa civilizada. Callarse ante eso es legitimarlo.

 

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