20 de marzo de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

¿Pero cómo va a tener España unos PGE negociados por Iglesias y Junqueras?

 

 

Un dirigente político que no pertenece al Gobierno va a negociar los Presupuestos Generales del Estado con otro, preso y acusado de graves delitos, que quiere marcharse de España. Y lo hará, a más inri, en nombre de un presidente que no ha sido elegido por los españoles. 

Más que anómala o extravagante, es escandalosa la escena que protagonizan Pablo Iglesias, Oriol Junqueras y Pedro Sánchez; los tres protagonistas de una historia indecente que, sin embargo, empieza a asumirse como normal.  Pero no lo es.

España no puede funcionar con un presidente sin votos que se apoya en el populismo de Iglesias y el separatismo de Junqueras

No puede serlo que ejerza de ministro de Economía un político sin esa cartera; que lo haga para seducir al cabecilla del mayor golpe a la Constitución desde el 23-F, y que todo ello lo sea con el impulso y el plácet de un dirigente que adopta decisiones trascendentales y abre debates estructurales a la vez que se niega a consultarle a los españoles su opinión en las urnas.

Ante ese panorama, lo mínimo que pueden y deben hacer los partidos de la oposición es denunciarlo, en cuantas instancias estén a su alcance, y tratar de evitarlo, con todos los mecanismos políticos y jurídicos a su alcance.

Dos aciertos

Es lo que ha hecho el presidente del PP, Pablo Casado, viajando acertadamente a Bruselas para explicar la naturaleza de los PGE, un compendio de insensateces contraproducentes que apenas dan para una efímera campaña de autobombo a costa de torcer el rumbo económico de España.

Y es lo que también ha hecho su homólogo en Ciudadanos, Albert Rivera, planteando la ilegalidad de las cuentas por saltarse los trámites institucionales que la ley obliga a cumplimentar. Ambos dirigentes aciertan, y es de desear que lo sigan haciendo con el mayor consenso posible entre ambos.

 

Casado acierta al irse a Bruselas a contarlo y Rivera al intentar parar los Presupuestos por ilegales

Pero hay algo más a denunciar, tan importante -o más- como las cifras de los PGE y sus perniciosos efectos económicos: de dónde vienen, quiénes los firman y cuáles son sus objetivos reales. Juntar en la misma mesa a un partido que intenta destruir la Constitución, a otro que proclama su deseo de "romper la Monarquía" y a otro -irreconocible PSOE- dispuesto a cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder; no puede terminar de buena manera.

Están jugando con la arquitectura institucional, constitucional y social de España, y eso es más inquietante aún que hacer unas previsiones económicas nefastas.

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