07 de julio de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Sánchez debe aclarar con urgencia si está con Felipe VI o con Pablo Iglesias

El Rey Felipe y Pedro Sánchez

El Rey Felipe y Pedro Sánchez

Que la Justicia investigue posibles abusos de Juan Carlos I es razonable. Pero que un partido de Gobierno aproveche para atacar a la Corona es inadmisible.

 

 

La Fiscalía General ha ordenado a la Fiscalía del Supremo investigar la participación del Rey Juan Carlos en una red de cobro de comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca y, más en concreto, por los posibles delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal derivados de todo ello.

Se trata de unas diligencias que ya tenía en marcha la Fiscalía Anticorrupción, que ahora pasan a una instancia superior por la condición de aforado de don Juan Carlos. Perdió la inviolabilidad al abdicar en 2014 en favor de Felipe VI, que en marzo le retiró su respaldo al anunciar que renunciaba a su herencia y le retiraba la asignación anual incluida en el presupuesto de la Casa Real.

Esta decisión del Rey salvó a la Corona de los ataques que ya existían, existen y existirán. Pero echó a los leones a su padre en una decisión comprensible en lo institucional y probablemente muy penosa en lo personal.

Y que ayuda a entender, en todo caso, una parte de lo que está pasando: si la propia Casa Real retira su apoyo a Juan Carlos I, solo puede ser porque teme que todo sea cierto o porque, aunque no lo crea, es plenamente consciente de que se va a utilizar contra la Monarquía y se pone así una vacuna.

Conviene destacar también que la propia Fiscalía ha insistido en que el objetivo de estas pesquisas es determinar si las sospechas son ciertas o si puede descartarlas, aunque para algunos, con puestos institucionales, sea ya una especie de condena firme. 

Hay que confiar en la Justicia, pues, pero sin caer en el error de que no viene rodeada, precedida o presionada incluso por motivaciones políticas muy nítidas.  Ayer mismo salió como un ciclón Pablo Echenique a dejar clara la postura de Podemos: “Más allá de las consecuencias penales, es obvio que esto afecta de lleno al ordenamiento institucional de nuestro país”.

 

 

Lo dice el portavoz de un partido del Gobierno que, en plena pandemia, convocó una cacerolada contra el Rey. Y lo hace tras una decisión de una exministra socialista designada para la Fiscalía General que, a la vez que señalaba a don Juan Carlos, reducía las acusaciones contra el Mayor Trapero para que no vaya a la cárcel; se movilizaba para archivar la causa contra el Delegado del Gobierno en Madrid por el 8M y alentaba a la asesora de Pablo Iglesias a cambiar su relato hace unos días para que no pareciera que quien utilizó una tarjeta privada con información íntima de ella era el mismo que decía que eso era un chanchullo de las cloacas.

Son demasiadas coincidencias y demasiadas decisiones que van en la misma línea política como para pensar que todo son casualidades. Quizá para todo esto pusieron a Dolores Delgado en la Fiscalía.  Y si las palabras de Podemos anunciando que lo siguiente será poner en discusión la continuidad de la Corona y con ello de la actual Constitución inquietan; el silencio del Gobierno resulta obsceno.

 

Nada le hubiera costado a Pedro Sánchez separar el trance judicial de don Juan Carlos del futuro de una institución que ofrece da equilibrio nacional y prestigio internacional, dirigida con sentido común y altura por don Felipe.

Y lo cierto es que no quiso decir nada ayer. Solo se escuchó el ruido de fondo de una operación que va mucho más allá de investigar al Rey Emérito. Y si ese silencio perdura y el presidente del Gobierno no demuestra hoy mismo su respaldo a la Corona,  nadie podrá negar ya que en España hay en marcha un proceso mucho más profundo que un eventual juicio al exjefe del Estado.

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