Junqueras en la calle, España humillada y Sánchez pagando a plazos la factura

La propia Generalitat de Cataluña ha decidido, 24 horas después del encuentro de Pedro Sánchez y Quim Torra, conceder a Junqueras lo que la Fiscalía lleva tiempo llamando un "indulto encubierto". El líder de ERC, en una decisión política arbitraria impulsada por una consejera de su propio partido, accederá de inmediato al tercer grado penitenciario para bochorno y humillación de todos.

La medida de gracia le llega solo cinco meses después de empezar a cumplir su condena por un grave delito de sedición, y apenas dos de haber dado el visto bueno, desde la cárcel, a la investidura de Pedro Sánchez, que es presidente por lo votos del mismo partido que más ha hecho por desestabilizar al país que él ahora gobierna.

Solo un ingenuo puede creer que es una casualidad y que, por tanto, no existe una relación de causa y efecto entre la liberación de facto de todos los condenados por el Supremo y el apoyo de ERC al PSOE. Pero si hay alguno, seguramente termine de abrir los ojos cuando vea, en secuencia, todas las decisiones que ha ido tomando o anunciando el presidente del Gobierno para ir pagando a plazos la factura de su llegada a La Moncloa.

Primero arrambló con la Abogacía del Estado para que, de manera expresa, se retirara de la sentencia del Supremo la imposibilidad de acceder a beneficios penitenciarios hasta no cumplir al menos la mitad de la condena, que en el caso de Junqueras es de trece años.

Después se anunció una escandalosa reforma del Código Penal para vaciar de carga punitiva el delito de sedición, gravísimo por definición al atentar contra el orden constitucional, la convivencia democrática y el buen funcionamiento de las instituciones.

Y más tarde se elevó a la Fiscalía General del Estado, con todo el impudor imaginable, a la última ministra de Justicia socialista, Dolores Delgado, al objeto de cerrar el círculo de presión en torno a la Justicia y a su independencia y autonomía.

Todo ello envuelto en un acuerdo con ERC y otro con la Generalitat que, por resumirlo, concede al independentismo toda la representación de Cataluña y a esa Cataluña amputada la condición de sujeto autónomo de decisión política.

Resulta todo tan escandaloso e incompatible con la integridad del Estado de Derecho que solo la complacencia mediática con el sanchismo maquilla la magnitud del abuso, la frivolidad del presidente y la peligrosidad panorámica de todo lo que ha hecho. 

Y al igual que los pactos con Bildu son un desdén inaceptable a la memoria de la resistencia al terror de ETA; la liberación de los liberticidas soberanistas es una humillación a la mejor versión de la España democrática que hemos tenido en la historia.

Ésa que procede del 78, se concreta en la Constitución y regula la convivencia pacífica entre distintas opiniones, credos y sentimientos. El agravio del soberanismo a quienes la respetan  es ya legendario. Pero que se sume al desprecio quien más tenía que trabajar por evitarlo, es inadmisible. Y al parecer, también imparable.