13 de julio de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

La verdadera razón de por qué Pedro Sánchez quiere un Estado de Alarma eterno

El presidente exige poder extraordinario pero esconde el objetivo real, anula la transparencia e ignora las alternativas que tiene. No es difícil averiguar por qué: éste es el motivo.

 

 

El Gobierno debe de responder a unas sencillas preguntas: ¿está de acuerdo que el espíritu de la Constitución permite seguir alargando  el “estado de alarma”?; ¿está cómodo pactando con los herederos de ETA?; ¿hacia  dónde va a llevarnos  con esta anormalidad constitucional?.

Todo esto se une a la idea del Gobierno de reformar los delitos de rebelión y sedición, y al silencio  sobre la pretensión de sus socios de despenalizar los delitos de injurias a los símbolos nacionales y a la Jefatura del Estado.

Por cierto, hay que agradecer al Parlamento alemán que haya modificado su Código Penal para introducir como delito de odio la quema de la  bandera española en dicho país, imponiendo una pena de hasta tres años. ¿Qué tiene que decir el Gobierno español?

La  sumisión del Gobierno ante las tesis radicales es realmente preocupante, lo hemos visto ante el blanqueamiento de Bildu por mero cálculo electoral, olvidando los muertos, heridos y el sufrimiento causado por el terrorismo que dicho grupo aún no ha condenado.

Pero continuemos con las preguntas: ¿nos va a explicar Pedro Sánchez  por qué se consideró tan importante  la no suspensión de  los  plazos de indultos, cuando se suspendieron el resto de plazos procesales y administrativos?

¿Va a recurrir los acuerdos del Parlamento de Cataluña sobre defensa de los servicios jurídicos de la Generalitat?. ¿Y la  Ley catalana 5/2020, de medidas fiscales, financieras, administrativas?. Esta ley exime el pago de impuestos a las donaciones efectuadas por  entidades independentistas y  blinda a los altos cargos del sector público catalán de rendir cuentas judiciales y económicas ante posibles negligencias en su gestión. Los ciudadanos nos merecemos una explicación.

 

La insistencia del Gobierno y sus voceros de que hay que  mantener el “estado de alarma” porque se quieren “salvar vidas” no es cierto, porque lo que pretenden es ocultar sus pactos con los radicales e independentistas.

Por otra parte, este Gobierno también tiene que contestar otras preguntas que afectan a su falta de transparencia en lo que afecta a algunos contratos de compra de material sanitario realizados durante estos meses de mando único centralizado, concretamente,  por qué una empresa aragonesa  de cinco trabajadores ha logrado tres contratos de compra de material valorados en 40.5 millones de euros.

 

 

Seguro que habrá una explicación.  O si han existido irregularidades en el contrato de 31.5 millones de euros en material sanitario suscrito por la Generalitat Valenciana denunciado ante la Agencia Antifraude por recoger fundamentos de derecho que no se aprobaron hasta 11 días después.

¿Va a actuar  la Fiscal General del Estado? o ¿es de la  opinión de que cada país aplica el concepto de transparencia que le da la gana como ha dicho la Ministra de Asuntos Exteriores?. Lo que es cierto es que el Gobierno ha  tejido un laberinto de 209 normas, por el momento, causando el estupor de un gran número de  juristas, independientemente de ideologías, que alegan inseguridad jurídica y escasa técnica jurídica. 

En todo caso hay otra manera de actuar sin limitar derechos y libertades y es acudiendo al ordenamiento jurídico español con el control del Poder Judicial. Se trata de un plan plenamente  constitucional  que es el propuesto por el Partido Popular.

Las alternativas desechadas

Para mantener el mando único sanitario se puede aplicar la Ley General de Salud pública, la Ley General de Sanidad y la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

Para establecer la limitación de movimientos, se puede aplicar la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley de Protección civil de 2015, y la Ley de Seguridad Nacional. Además del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Reglamento Sanitario de la OMS.

Pero claro, no hubieran podido meter a Pablo Iglesias en el CNI , que es para lo que han utilizado el estado de alarma entre otras cuestiones dudosas. En todo caso, hay una máxima en toda democracia que afirma: “ante una situación extraordinaria, si un Gobierno pide un poder extraordinario, debe ofrecer un control extraordinario”, y lo que es cierto que hemos presenciado cómo el Presidente del Gobierno solo ha ofrecido mucha propaganda y pocas respuestas, poniendo de manifiesto un cierto autoritarismo que sin duda ha sido del gusto de sus socios comunistas, radicales y antisistema.

 

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