El "mediático" Ximo Puig pasa por su peor momento

Los vicepresidentes Martínez Dalmau y Mónica Oltra y el presidente Ximo Puig en Montanejos.

Los vicepresidentes Martínez Dalmau y Mónica Oltra y el presidente Ximo Puig en Montanejos.

El presidente valenciano mantiene que hay "interés mediático y político por desgastarme". Puig acudirá al parlamento tras la polémica generada nada más iniciarse su segundo mandato.



El director de Instituto Valenciano de Finanzas tenía asiento reservado en el acto de proclamación de los representantes de la Diputación de Valencia el pasado martes. La butaca roja, a escasos metros de la zona de privilegio en la que el presidente de la Generalitat contempló la sesión, quedó vacía. "No va a venir", exclamó un periodista. Manuel Illueca trataba de sofocar en esos momentos la tormenta que afecta a Ximo Puig en primera persona. 

El jefe del Consell es, para la oposición, uno de los beneficiados de la quita que el citado Instituto de Finanzas realizó -eso sí previo acuerdo avalado por el propio Puig y su gobierno- al grupo mediático Zeta, que recientemente ha sido comprado por Prensa Ibérica tras la condonación del 70% de la deuda de 1,9 millones al diario Mediterráneo de Castellón en el que Puig tiene acciones valoradas en 177.886 euros. 

Esta participación le ha reportado al presidente valenciano beneficios los últimos años de un diario al que la Generalitat ha primado la última legislatura con casi 600.000 euros de publicidad, la mayor parte inyectados desde el área de Presidencia.

Desde el Consell, por boca de la vicepresidenta primera (en esta legislatura hay  vicepresidencia segunda a cargo de Podemos) se niega que haya existido un conflicto de intereses. La decisión del Gobierno de permitir al IVF poder realizar quitas era una “norma general” vía decreto que no estaba dirigida a ninguna operación en concreto. Mónica Oltra espera que este asunto no dañe la credibilidad del presidente. 

Preguntada la vicepresidente respecto al hecho de que el presidente tenga acciones en un grupo mediático que, por otra parte, recibe publicidad institucional, destacó que “afortunadamente” la pasada legislatura se aprobó todo un paquete de leyes de transparencia, buen gobierno y hay órganos como la Oficina de Conflictos de Intereses que actúa de manera independiente.  Y ahí está una de las cuestiones.

Para el delegado de El Mundo, Xavier Borrás, no hay duda de que Puig ha "quebrado" el principio de Buen Gobierno. Según el artículo 17, "Las decisiones tomadas por las personas sujetas a este Código se adoptarán atendiendo al interés general, con objetividad hacia las personas e imparcialidad y neutralidad respecto a los intereses privados afectados, motivando sus decisiones en el caso de actuaciones discrecionales. No podrán afectar a este principio consideraciones personales, familiares, partidistas, corporativas, clientelares, de amistad o cualesquiera otras de naturaleza privada, personal o ajena al recto ejercicio de sus funciones".

Los argumentos del presidente

El presidente se ha mostrado dispuesto a acudir al Parlamento  para ampliar las explicaciones ofrecidas por el director del IVF. Obligado por la circunstancias a jugar a la defensiva, Puig sostiene que existe un "interés mediático y político por desgastarme". Esas fueron prácticamente las mismas palabras que pronunció  Francisco Camps al estallar el caso de los trajes.

“Yo no soy rico y mi único patrimonio es esto (las acciones) que es producto de una indemnización por despido improcedente”, apunta Puig  quien resalta que siempre ha preservado “el interés general”.

En el inicio del gobierno cuatripartito del Botànic 2 está resultando muy llamativo. La incorporación de Podemos y Esquerra Unida en el gobierno, tras unas duras negociaciones, y sobre todo la decisión de ampliar el número de carteras y de altos cargos, hasta en un 40%, está dando munición a PP, Ciudadanos y Vox.

La oposición cree haber encontrado una veta para erosionar al presidente con el asunto de las acciones. Los equipos jurídicos de Isabel Bonig (Partido Popular) y de  Toni Cantó (Ciudadanos) ya se han puesto manos a la obra con la documentación, parcial de momento de la que disponen, para, en su caso, llevar el asunto a los tribunales. La líder de los populares considera que Puig debió abstenerse por "ética y estética" en el decreto del Consell que afectaba a las actuaciones del IVF en los supuestos, entre otros, de restructuración de duda. Un acuerdo con efectos retroactivos para "aplicarlo a una sola empresa, a una sola operación que, además, se aprobó en un pleno del Consell donde parece que estaba el presidente, que tiene intereses legítimos”, subraya  Bonig.

Debate jurídicopolitico con Pascual Sala y la consellera Bravo

La polémica que afecta al secretario general de los socialistas valencianos tiene una vertiente también jurídica. El jueves, en el homenaje en Valencia a Pascual Sala, expresidente del Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, el tema estrella en los corrillos no era otro que el de los intereses "mediáticos" del presidente y los detalles de la operación de compraventa del Grupo Z por Prensa Ibérica. Una operación que, al parecer, estaba condicionada a la quita millonaria.

Al acto acudió la consellera de Justicia Gabriela Bravo pero evitó entrar en la harina político-judicial al no quedarse a la copa tras los parlamentos que organizó Juristes Valencians.

 

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