27 de mayo de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

¿Qué está tramando el Gobierno para restringir la información crítica en España?

La libertad de información en España ya la regulan los juzgados y los ciudadanos. Que un Gobierno quiera arrogarse el papel de juez y árbitro de este derecho esencial, sería escandaloso.

 

 

Lo dijo el propio Pedro Sánchez en la sesión de investidura y, de hecho, ya había dado los primeros pasos en su estreno en La Moncloa: quiere lanzar una "Estrategia Nacional contra la Desinformación".

No dio más detalles, pero no resulta difícil de traducir su intención, bien alejada del loable compromiso general que una sociedad armada ha de tener frente a las fake news, la demagogia o la propaganda, por cierto.

Se trata, bajo una apariencia positiva, de limitar la crítica y de convertirla en una especie de conspiración incompatible con la democracia, al objeto de denigrar a los medios de comunicación y periodistas en general que no se sumen al formidable coro que sustenta, amplifica y aplaude al Gobierno incluso cuando comete excesos tan claros como el pacto con el soberanismo o la designación de una Ministra de Justicia como Fiscal General del Estado.

El control de las redes a través de empresas privadas que se arrogan el papel de árbitro imparcial para coartar, condicionar o incluso censurar contenidos y perfiles parece responder a ese inquietante objetivo; agravado por el lenguaje bélico que uno de los socios del Ejecutivo, Podemos, utiliza contra la prensa independiente: todo lo que no le beneficia, es directamente "cloaca".

 

Es insólito que el Gobierno se quiera arrogar la condición de juez sobre la libertad de información en España

Si al intento de colonización de la Justicia, en un ataque insólito a la separación de poderes; se le añade el burdo intento de control de la prensa, la conclusión no puede ser más negativa: se degrada la propia democracia, según esa teoría tan perversa de que la oposición es radical y ultraderechista; los jueces su herramienta jurídica y los medios críticos un instrumento espurio.

¿Un intento de abuso?

Hace apenas tres semanas, la Federación de Asociaciones de Prensa de España emitió una nota advirtiendo de la degradación de la libertad periodística en nuestro país. Que parece haber caído en saco roto pese a que, desde entonces, todos los gestos de Sánchez han ido en el sentido de ahondarla en lugar de en rectificar: comparecencias sin preguntas, silencios prolongados, subordinación de RTVE y, ahora, este sospechoso intento de erigirse en juez supremo del periodismo decente.

La libertad de expresión y de información son definitorias de un Estado de Derecho, y el control de los excesos en su nombre ya lo regulan el Código Penal y los propios ciudadanos con sus hábitos. Pretender que exista una instancia superior, de carácter político, no solo sería una temeridad, sino también un abuso más propio de países innombrables.

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