Hay que parar a los CDR y a quienes les animan, protegen y ayudan

Los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) llevan más de un año boicoteando la convivencia en Cataluña, paralizando autovías y estaciones de tren, convirtiendo las calles en el escenario de una guerrilla urbana ocasional y agrediendo, de un modo u otro, a todo aquel que no comparte sus objetivos.

Que esta tribu se inspire en el partido que ha decantado quién gobierna la Generalitat, la ínclita CUP, lo dice todo del presidente Quim Torra y del partido que lo soporta, capaz de echarse en brazos de una formación antisistema y violenta pese a que su origen ideológico es conservador: el principal objetivo de la reconvertida CiU, con una sopa de siglas adaptable en cada momento a los intereses de sus distintas facciones, es la conservación del poder; muy por encima de la alocada independencia.

La indiferencia del Gobierno Central  es escandalosa. Constatar la violencia en directo y no hacer nada es inadmisible

En el caso de Torra, ha ido más lejos que nadie en su tolerancia hacia los CDR, una copia de aquella Jarrai que en los años 90 llenó de conflictos las calles del País Vasco con su tristemente famosa kale borroka. El presidente de Cataluña, un supremacista confeso que denigra con infinita xenofobia a todo aquel que se aleja de su canon catalán, les ha pedido además que "aprieten", auspiciando que más de treinta de sus propios trabajadores, del cuerpo de los Mossos, resulten heridos.

Y existen fundadas sospechas de que, de algún modo, la ayuda no es sólo moral. En todo caso, es inaceptable la impunidad con que los CDR atacan espacios públicos, se miden a los Cuerpos de Seguridad, coaccionan a la sociedad en su conjunto y encuentran un espacio de confort y complicidad en las autoridades catalanas.

Pero, con ser grave esto, la indiferencia del Gobierno Central y de su Ministerio del Interior es escandalosa. Constatar la violencia casi en directo y no hacer nada ni contra quienes la protagonizan ni contra quienes la alimentan es inadmisible en un Estado de Derecho, por mucho que ministros como Ábalos se empeñen en considerar "soportable" este fenómeno.

No lo es, y mirar para otro lado es también una lamentable manera de alimentarlo, como se ha comprobado desde que el pasado sábado se iniciara la escalada violenta con el boicot a la concentración convocada por Jusapol para pedir mejores condiciones laborales en la Policía.

No hay transferencia de competencias que justifique el abandono de la capacidad y autoridad superior

Lejos de frenar, los CDR han incrementado su presión, demostrando que confían en que la violencia le permita lograr a su Cataluña medieval lograr lo que los políticos no han conseguido. El temor de Quim Torra a desairar a esta guerrilla de fanáticos es, a la vez, un gesto de complicidad de quien en el fondo cree que ese comportamiento puede ayudarle en su cruzada secesionista.

¿No molestar al independentismo?

Sin embargo, Pedro Sánchez es el primer responsable de todo, pues no hay transferencia de competencias que justifique el abandono de la capacidad y autoridad superior salvo que se quiera eso, precisamente: no molestar al independentismo o dejarle cocerse en sus propias divisiones.

Sea cual sea la razón del Gobierno, es igual de intolerable: su obligación es restituir el orden en las calles, un espacio público donde todos pueden y deben convivir sin miedo a que unos vándalos subvencionados les amarguen la vida.