Con la Democracia, contra el golpismo

Un Estado de Derecho no puede tolerar la más mínima duda sobre su propia existencia ni reducir el peso de la ley, garantía del correcto desarrollo de la democracia, por factores ajenos a la misma. Traducido al conflicto con el independentismo catalán, no se puede ni se va a consentir que Puigdemont, su Gobierno y sus apoyos, hagan otra cosa distinta a renunciar expresamente a la independencia, sea como declaración teórica o como proclamación pseudoformal.

El president de la Generalitat ha colmado, de sobra, la paciencia del Estado, que ha concedido todo el tiempo imaginable para que deponga su actitud: esa paciencia, no siempre comprendida, es la parte política compatible con el imperio de la ley. Y ninguna otra.

La democracia no recula

La certeza de que la Constitución no reculará y de que España –ni el mundo civilizado- aceptarán una independencia ilegal, inmoral e imposible de Cataluña impulsada por una minoría sectaria de los catalanes queda, pues, al margen del debate, por mucho que el soberanismo quiera plantear el conflicto por él provocado como un asunto de dimensión internacional o, incluso, de derechos humanos.

Y es en ese contexto, ofensivo para la democracia española y dañino para Cataluña y el conjunto del país; en el que resulta ociosa la envergadura formal de la independencia anunciada por Puigdemont: no es legal, como esgrime, pero sí es pública.

Acierta el presidente Rajoy, y con él los líderes de PSOE y C´s, en una alianza democrática tranquilizadora

Y su formalización –imposible en todo caso-, la convierte en una inaceptable chantaje al Estado de Derecho, al que se pretende colocar en una disyuntiva bajo una inexistente apelación al “diálogo”: o se concede al soberanismo lo que pide, o lo cogerá por la fuerza. Es el mismo tono, cínico y repugnante, que esgrimía ETA para adjudicar a la víctima el cruel comportamiento del verdugo.

La propia existencia de España, e incluso de una Europa sometida a la doble presión del nacionalismo y del populismo, está en juego en este problema. Y eso sólo acrecienta la necesidad de defender, por mucha propaganda emocional que lance el soberanismo; la Constitución y el ordenamiento jurídico, que son el marco donde se ejercen libertades colectivas e individuales inherentes a una democracia madura.

Acierta el presidente Rajoy, y con él los líderes de PSOE y Ciudadanos en una alianza democrática tranquilizadora, en no aceptar los eufemismos y las excusas extorsionadoras de Puigdemont y en colocarle frente a los dos únicos caminos que tiene: o aceptar la legalidad y renuncia de manera expresa y definitiva al Golpe de Estado que encabeza; o se aplicará el artículo 155 y cualquier otro que garantice la preeminencia de la democracia.

Todo tiene un límite

Actuar con rigor, respetando los procedimientos y teniendo en cuenta las consecuencias, nunca es un acto de debilidad. Es la mejor manera de hacer justicia e imponer la democracia generando los mínimos estragos. España no renuncia a nada por tener en cuenta que, tras la locura secesionista, hay seres humanos y conciudadanos.

Pero como todo tiene un límite, en este caso ya se ha llegado al final del camino. España tiene que derrotar a esta insurgencia sectaria y, si ello comporta algún estrago, sólo será achacable a quienes la han encabezado y agitado. O depone su actitud del todo y sin ambages, o restituir el orden y la libertad en Cataluña no podrá tener más treguas.