18 de septiembre de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

La Justicia pone freno al abuso de la Generalitat con los presos del Golpe

Junqueras y el resto de condenados

Junqueras y el resto de condenados

Liberar a los condenados en Cataluña con trampas políticas es inadmisible. El primer intento ha sido frenado, pero el Supremo tiene mucho trabajo por delante.

 

 

Un simple juzgado local, a instancias de la Fiscalía, ha decidido suspender la arbitraria decisión de la Generalitat de conceder la semilibertad a buena parte de los presos del Golpe institucional que el propio Gobierno catalán impulsó hace dos años, saldado con penas de prisión para nuevo dirigentes separatistas por delitos de sedición y malversación, entre ellos a Oriol Junqueras.

Se trata de una decisión inevitable, pues la ley impone la suspensión de la clasificación al tercer grado de todo reo, sea cual sea su delito, si los fiscales lo recurren: al juez, en fin, no le quedaba margen de maniobra y, a la espera de que resuelva el fondo del asunto, solo podía suspender esa media de gracia impulsada por las mismas instituciones que impulsaron los delitos.

Porque lo lamentable no es que la Justicia haga lo posible por garantizar el cumplimiento de las penas, sino que cualquier poder político se busque artimañas. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo: la concesión de la semilibertad ha sido firmada por compañeros de los condenados, que pretenden con ello convertir los fallos judiciales en papel mojado.

 

 

Y de paso legitimar los abusos cometidos por quienes más obligación tenían y tienen de respetar y hacer cumplir las leyes, que no son la manifestación de un poder caprichoso, sino la concreción del deseo de convivencia entre distintos que caracteriza a una democracia sólida.

La reacción del independentismo, no por previsible es menos lamentable. Acusar a España de una medida que es estrictamente judicial y nace de la independencia y separación de poderes definitoria de un Estado de Derecho en el que el poder político no subordina nunca al de los jueces.

Eso es lo que pretendía la Generalitat, y lo que jalean partidos de Gobierno como Podemos, dispuesto siempre a doblegar a los jueces para ponerlos al servicio de sus causas, por nefandas que sean. Queda por conocerse si esa infame presión afectará al Tribunal Supremo o si, por contra, cumplirá con sus funciones hasta el final y no se dejará influir por nada que no sea la justicia.

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