Familiares de exdirigentes del PSOE entre los beneficiados de un ERE fraudulento

Los juicios que investigan la corrupción que se produjo durante los sucesivos gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía continúan y las declaraciones que se han escuchado en la última sesión de una de las piezas del Caso ERE sacan a la luz cómo disponían de los fondos públicos en su propio beneficio.

La sesión de este lunes en la Audiencia de Sevilla corresponde a la investigación de las ayudas por 2,3 millones de euros concedidas a las empresas Surcolor y Surcolor Óptica a través de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos. En el juicio ha declarado un agente de la Guardia Civil encargado de la investigación que el exsindicalista de UGT y presunto "conseguidor" de fondos públicos Juan Lanzas fue quien "ofreció" a los empresarios quiénes serían "los actores" de la negociación y tramitación del procedimiento.

El "conseguidor" de los ERE se desmarca de su papel y asegura que sólo asesoró

Este agente de la Guardia Civil ha comparecido como testigo después de que una semana antes, Juan Lanzas hiciese lo propio pero en calidad de acusado dando una versión distinta de los hechos. Sin embargo, la Fiscalía señaló al sindicalista y al abogado Carlos Leal (también acusado) como "conseguidores" de estos fondos, contactando con el entonces delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas; y con el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, condenado en la sentencia principal de los ERE y ya fallecido.

A estos dos exdirigentes socialistas les facilitaron los datos de "los importes de las indemnizaciones por despido de los 24 trabajadores que se verían afectados por la extinción" de las empresa; tras lo cual la consultora Vitalia elaboró dos estudios de renta con una cuota total a pagar de 2,7 millones, de los cuales la Junta pagaría 2,3 millones.

Los intrusos: un concuñado y el marido de una socialista

La irregularidad en el proceso no se queda ahí, según el Ministerio Público, Rivas, "con el conocimiento y consentimiento" de Guerrero, "instó" a los dos extrabajadores de Vitalia procesados en este caso a introducir como beneficiarias a dos personas que "no habían formado nunca parte de la plantilla de ninguna de las empresas", tras lo que el 28 de junio de 2006, Guerrero, "con el conocimiento y consentimiento" del entonces consejero de Empleo Antonio Fernández y de su viceconsejero Agustín Barberá, -ambos también acusados en el juicio-, suscribió una carta dirigida a Apra Leven en la que se comprometió a abonar 2,3 millones para las prejubilaciones de 26 extrabajadores de Surcolor.

Otra condena que humilla al PSOE: el pago en prostíbulos con tarjetas de Faffe

En este marco, el investigador de la Guardia Civil ha afirmado que Lanzas incluso se habría "presentado" como alguien que "trabajaba para Vitalia", dos de cuyos exdirectivos figuran como acusados en este juicio. Y lo más llamativo ha sido que el agente ha señalado la "relación familiar" que pesa en el caso de los dos hombres que cobraron las prejubilaciones del ERE de Surcolor sin haber formado nunca parte de la plantilla, los dos "intrusos", uno de ellos concuñado de Antonio Rivas y otro militante del PSOE casado con una entonces edil socialista del Ayuntamiento de Camas, localidad de la que Rivas había sido alcalde.

En ese marco, este investigador de la Guardia Civil ha asegurado que el acusado Jesús Bordallo, responsable en Sevilla de la consultora Vitalia Vida, conocía que las rentas de los citados "intrusos" iban a ser pagadas con fondos públicos de la Junta de Andalucía pese a no formar parte de la plantilla de Surcolor, señalando que en la propia documentación de la citada entidad las referencias a estas personas figuran con la mención a "los especiales de Bordallo".