La declaración del exsecretario de UGT en Andalucía 'pringa' a la Junta del PSOE

Los problemas se le acumulan al PSOE en los tribunales después de escuchar la comparecencia del que fuera secretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, ante el juez. El sindicalista ha prestado declaración este lunes como acusado en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla en su contra y contra otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical, por presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

A la hora de comparecer ante la Sección Tercera de la Audiencia, Fernández Sevilla sólo ha accedido a responder a las preguntas de su defensa y del tribunal, no así al fiscal, el resto de acusaciones y los demás abogados de los restantes acusados. Una declaración en la que niega cualquier responsabilidad sobre el asunto, alegando que contaban con el amparo del Gobierno andaluz del PSOE.

A UGT se le complica el juicio: pagó sobresueldos y viajes a Costa Rica y Dublín

Junto al 'exjefe' de UGT se sientan en el banquillo el que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Charpín; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea; y diez personas más que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.

En la sesión, el exvicesecretario de Organización y exsecretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla ha explicado que el supuesto "bote" de dinero cosechado por UGT-A para sus gastos propios, gracias al excedente de la presunta práctica de imputar a las subvenciones de la Junta de Andalucía para cursos de formación facturas supuestamente infladas por los proveedores previo concierto con el sindicato; no era "nada raro", sino que era un mecanismo de "funcionamiento interno" para el "día a día" de las relaciones con los proveedores, al objeto de que cuadrasen las cuentas con los mismos.

Fernández se enteró del "bote" por los medios

"No había nada raro", ha insistido, después de que el extrabajador del departamento de Compras de UGT-A Roberto Alejandro Macías testificase en el juicio que el sindicato orquestó un sistema de "facturas fraudulentas o falsas" con cargo a las subvenciones autonómicas, gracias al cual cosechaba este "bote" o "fondo de reptiles" con el cual sufragar gastos no imputables a las ayudas. Esta persona que destapó el caso fue condenado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos al haber filtrado a medios de comunicación, pero no a la Policía o las instancias judiciales, "información reservada y sensible" de la trama ahora sometida a este juicio.

Fernández Sevilla ha manifestado así que supo del término de "bote" cuando, fruto de las publicaciones derivadas de la actuación de Macías, tuvo que "dar la cara" ante los medios de comunicación, avisando de que en los mismos circuló mucha "información sesgada" fruto de la documentación que Macías "sacó" de UGT y difundió en función de sus "intereses" personales, al no haber "entendido" su despido en el marco del expediente de regulación de empleo (ERE) acometido por el sindicato a cuenta de su situación.

El "OK" de la Junta en manos del PSOE

El acusado ha avisado de que como consecuencia de tales filtraciones habría sido orquestada una "película" contra UGT-A, esgrimiendo que "la propia Administración" andaluza, entonces gobernada por el PSOE, "tendría algo que decir" sobre el asunto porque había dado su "OK" a las justificaciones presentadas por UGT-A respecto al gasto de las subvenciones autonómicas, para después solicitar "una nueva justificación" ante las publicaciones derivadas de las filtraciones de Macías, cuando según ha remarcado UGT-A obtuvo incluso la "felicitación" del Gobierno andaluz de entonces por cómo estaban siendo impartidos los cursos de formación.

Del mismo modo, ha asegurado que él no dio ninguna "instrucción" a la plantilla sobre cómo justificar las ayudas, porque no era su competencia y cada miembro de la comisión ejecutiva del sindicato tenía una "responsabilidad" sobre su área concreta de gestión.