La sorprendente apuesta por la universidad privada en Alicante

Finalmente, el Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (Ivace), que depende del conseller Rafael Climent (Compromís),  ha dado visto bueno al proyecto de la Universidad Europea para que gestione la escuela de negocios Fundesem. Una decisión que ha sentado como una bofetada a parte del empresario alicantino y también a responsables de las universidades públicas que apostaban por la propuesta de la Cámara de Comercio.

El futuro de  la que fuera la primera y más importante escuela de negocios alicantina pasaba por escoger entre el proyecto de viabilidad presentado por la Universidad Europea (UE), que forma parte del fondo británico Permira Holdings Limited, liderado por la rectora de la sede de Valencia, Rosa Sanchidrián, y el presentado por la entidad cameral.

Ambas opciones tenían importantes valedores, según distintos empresarios. Por un lado, el presidente de la CEV, Salvador Navarro, maniobraba ante el presidente Ximo Puig para que se adjudicara la escuela de negocios a la citada universidad, que tiene sólidos vínculos con CEOE. 

Sin embargo, empresarios y las universidades alicantinas se posicionaban mayoritariamente a favor del proyecto de escuela de negocios que proponía la Cámara de Comercio de Alicante, presidida por Carlos Baño, que consideraban más aterrizado a la realidad social y económica de la provincia, siempre según las mismas fuentes consultadas por ESdiario.

En ambos casos, para la viabilidad de Fundesem, era necesario que los acreedores aceptasen una “quita” de su deuda de 2,7 millones de euros por impagos. Dado que el Ivace es el mayor acreedor de Fundesem, por años de alquileres impagados, serán los contribuyentes los que sufran la mayor pérdida.

De las reversiones a la apuesta privada

La decisión adoptada por el conseller Climent ha levantado suspicacias en el seno del Ejecutivo de Ximo Puig toda vez que  no se veía con buenos ojos que, un gobierno que ha promovido la reversión de servicios sanitarios y que ahora mismo está sumido en la "expropiación" del servicio de las ITV, asumiera pérdidas para apoyar una empresa privada, dependiente de un fondo de inversión británico.  Empresarios de Alicante destacaban además que en este caso se obrara de forma contraria a como se hizo con COEPA, a la que no se permitió ninguna quita de la deuda, condenándola a la desaparición. 

Las fuertes discrepancias en este conflicto hicieron que el Ivace retrasara su decisión, que estaba previsto adoptar en el Consejo del lunes 30 de enero pasado. Fuentes bien informadas aseguran que la solicitud de suspender la decisión para estudiar con más detenimiento las propuestas- realizada por algunos miembros de este órgano, liderados por Salvador Navarro- pretendía ganar tiempo para que la Abogacía de la Generalitat emitiera un informe favorable – un informe de cobertura- a las tesis de la Universidad Europea de Valencia.

El enfado entre las universidades alicantinas es notorio. La UE de Valencia utilizará la sede de Fundesem para impartir hasta cuatro grados del ámbito sociosanitario, compitiendo con las dos universidades públicas, que ya tuvieron sus más y sus menos en relación con los grados de medicina.  La voluntad de la Cámara era que la provincia de Alicante contase con una escuela de negocios y una oferta docente de calidad encaminada a la formación empresarial y el fomento de la cultura del emprendimiento en unas instalaciones cedidas por la Administración (Ayuntamiento e IVACE). 

Fundesem, mantienen fuentes bien informadas, no será más que una llave de entrada de una empresa privada en un edificio público, con financiación pública, para competir con universidades asimismo públicas y contra el proyecto de una corporación de derecho público, como es la Cámara de Comercio. Los mismos interlocutores hablan de que es un "escándalo", para buena parte de la sociedad civil alicantina, ya que entiende que finalmente se ha plegado Compromís y el conseller Climent, con grave contradicción entre sus hechos y sus proclamas políticas.

Fuentes empresariales añaden, asimismo, que esta opción frustra la verdadera finalidad que dio origen a la constitución de Fundesem, mediante un acuerdo entre el entonces IMPIVA (dueño del edificio) y el Ayuntamiento de Alicante (dueño del suelo), que era la prestación de actividades formativas para empresarios y directivos. Al tiempo, sostienen que la Cámara conoce mejor las necesidades del tejido productivo de la provincia y es capaz de implicar a todos los agentes sociales para el buen fin de su proyecto.

Tensiones políticas y proceso judicial a la vista

Los conflictos en el seno de la provincia alcanzaron incluso al propio PP de Alicante. Mientras el presidente de la diputación Carlos Mazón empatizaba con la opción alicantinista de la Cámara, el alcalde Luis Barcala tensionó aún más la situación con su tacticismo: si se adjudicaba la escuela a la Universidad Europea, como finalmente ha ocurrido, lo vendería como un éxito para la ciudad; si, por el contrario, Fundesem iba a liquidación, entonces recuperaría el suelo (el derecho de superficie) y podría negociar desde una posición de fuerza con la Generalitat, como hizo ya con el Centro de Cualificación de COEPA.

Sin embargo, muchos recuerdan que, como consecuencia de ello, el Centro de COEPA – puntero en España en su época- permaneció cerrado y vandalizado durante años y que ahora costará millones de euros de los contribuyentes su rehabilitación (por el Convenio firmado entre el Ayuntamiento de Alicante para el 2024, el IVF cancelará la hipoteca por el préstamo de 3 millones y se compromete a invertir 5 millones en la rehabilitación del inmueble).  Fuentes que prefieren guardar el anonimato afirman que esta vez, los juegos de cartas pueden afectar al alcalde

La existencia de un quebranto del interés público, en beneficio de un fondo de inversión británico, y la existencia de numerosos incumplimientos de Fundesem que no dieron lugar a una inmediata – y según algunas fuentes, inmediatamente exigible- rescisión  del contrato por parte del IVACE permiten augurar una escalada judicial del conflicto. Todo este contexto alimenta  las tesis de aquellos que mantiene que el gobierno de Puig no empatiza con Alicante.