Benidorm no decide sobre el concierto de Alejandro Sanz y el Reggaeton Beach

Casi con total seguridad, a falta de confirmación oficial, la programación de conciertos y festivales de Benidorm será cancelada o aplazada de igual modo que ocurre o va a ocurrir en el resto del país. Sin embargo, en el caso de Benidorm, el Ayuntamiento no será quien tome la decisión, sino
que la misma se dejará en manos de las empresas organizadoras.

Eso es lo que ha avanzado a ESdiarioCV el alcalde de la ciudad, Toni Pérez, quien ha señalado al respecto que “será cuestión de ellos tomar la decisión de la suspensión o aplazamiento”. Pérez, además, ha precisado que “estamos en contacto con ellos y sabemos que lo están valorando”. Es
de esperar, por tanto, que la decisión no se demore mucho en el tiempo.

En Benidorm los principales eventos afectados serían un concierto de Alejandro Sanz, previsto para el 2 de julio, el Reggaeton Beach Festival programado para los días 11 y 12 del mismo mes y el Low Festival, que se debería celebrar los días 31 de julio y 1 y 2 de agosto. Todos ellos, por el momento, mantienen activa la programación en sus respectivas páginas web. Además de estos, otras actuaciones menores programadas también deberán ser suspendidas o aplazadas.

Toni Pérez ha precisado que con el estado de alarma vigente “es evidente que no se pueden hacer”, pero ha indicado que tras el levantamiento del mismo “habrá que tomar otras decisiones”. Se refería el primer edil a si en el momento que no haya estado de alarma “podremos salir todos a la
calle” y puntualizaba que “ahora mismo, como ciudadano, yo preferiría esperar a que algo se confirme antes que esperar a que ese algo se desconfirme” ha apostillado. O lo que es lo mismo: mejor dar por suspendidos todos los eventos antes que confiar en que alguno vaya a celebrarse.

Por otro lado, el alcalde de Benidorm también ha subrayado que si el Ayuntamiento tomase la decisión “unilateral” de suspender dichos eventos “ello podría conllevar un efecto negativo en lo económico para las arcas municipales”. Según ha explicado subyace “una cuestión jurídica y económica que impide tomar decisiones que en lo personal ya habríamos tomado”, y aludía a la posibilidad de que las empresas organizadoras pudieran presentar una reclamación judicial por el lucro cesante y que ello causase un importante daño a las arcas públicas en concepto de indemnizaciones. “Esa decisión podría repercutir económica y jurídicamente en unas arcas municipales que en este momento deben tener recursos para abordar la crisis sanitaria y social que tenemos” concluía.