El PSOE presenta una ordenanza para abolir la prostitución y pide respaldo al PP

El Partido Socialista de Alicante ha presentado una propuesta para abolir la prostitución en la línea que sigue la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, quien anima a los municipios de la Comunidad Valenciana a adoptar el modelo elaborado en el marco del Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución.

La concejala socialista responsable del área, Llanos Cano, ha mostrado su satisfacción porque en la última semana el PP nacional ha manifestado que apoyará en el Congreso de los Diputados la proposición de ley abolicionista del PSOE. “Con esta norma trataremos de hacer frente al proxenetismo en todas sus formas, a la tercería locativa y que sancionen a los que acuden a la prostitución”.

Para la edil socialista, a la vista de que el criterio del PP nacional ha sido claro y expreso y el mismo “es incompatible con la ‘ordenanza de la vergüenza’ aprobada por Luis Barcala, que sanciona a las víctimas del sistema prostitucional”, Llanos cano ha manifestado que “desde el PSOE presentamos una ordenanza abolicionista que, efectivamente sanciona a los ‘puteros’ y a los proxenetatas y en ningún caso sanciona a las personas prostituidas”.

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Cano ha hecho hincapié en que “hoy además hemos conocido que ni siquiera el confinamiento ha podido impedir que la explotación sexual aumente en diversos puntos de la provincia de Alicante. La atención a mujeres prostituidas crece en 2022 y ya supera ampliamente los niveles de 2019. En los mismos meses del presente año, Cruz Roja ya ha registrado 264 de estas intervenciones, un 38% más que el año pasado y un 41% por encima de las cifras del 2019”.

Normas más destacadas

La edil socialista manifiesta que esta ordenanza supera la regulación de la convivencia ciudadana desde el enfoque del civismo y el orden público, “pues aborda la prostitución como un fenómeno que vulnera de manera directa los derechos fundamentales y las libertades de las mujeres en situación de prostitución”, ha indicado.

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La norma propuesta por el Grupo Socialista prohíbe la demanda de prostitución, que considera como infracción grave, y la sanciona con multas de hasta 1.500€. Si la demanda se produce a menos de 200 metros de un centro educativo, de lugares con afluencia de público infantil o de la celebración de un acto festivo o deportivo la considera como infracción muy grave y la sanciona con multa de hasta 3.000€.

Serán sancionados de la misma manera quienes colaboren con los demandantes de sexo (ej. intermediadores o personas que alerten de la presencia de agentes de la autoridad).

Prohíbe la publicidad que promueva el consumo de prostitución, que considera como infracción leve, y la sanciona con multas de hasta 750€. Será responsable tanto quien ejecute materialmente el acto de publicidad (ej. repartir folletos), como el anunciante.

La ordenanza reconoce a las mujeres en situación de prostitución como víctimas de violencia de género.

En consecuencia, “no sancionará en ningún caso a las personas prostituidas”, según ha destacado Llanos Cano. Además, promueve medidas para garantizar la protección de sus derechos.

Prevé la aprobación de un plan municipal de acción integral, que contenga medidas para que las mujeres en situación de prostitución accedan a servicios y recursos que les permitan salir del sistema prostitucional. Este plan incluirá acciones de apoyo social, laboral, formativo y habitacional.

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Llanos Cano ha destacado que desde el Govern de la Generalitat, en concreto desde la Conselleria de Justicia, “somos la primera comunidad autónoma en poner a disposición de los municipios un modelo de ordenanza abolicionista. Queremos ser una referencia para otros territorios comprometidos con la igualdad entre hombres y mujeres, así como con la erradicación de toda forma de violencia de género”.