| 05 de Diciembre de 2022 Director Antonio Martín Beaumont

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La necesaria revolución de la Justicia

España es un país de elevada litigiosidad y, si bien litigar es un derecho fundamental, tiene un efecto negativo cuando el exceso de litigios colapsa la justicia

| Mónica Nombela Edición Alicante

El pasado jueves asistí a un encuentro organizado en Alicante por Torre Juana con la Fundación FIDE, un laboratorio de ideas o “thinktank” de ámbito nacional e internacional, bajo el sugerente título de “La factura de la injusticia”, invitada por esos dos talentos que son Andrés Pedreño y Manuel Desantes. En dicho acto se presentaba el libro “La factura de la injusticia”, en la que iban a intervenir el autor, Juan S. Mora-Sanguinetti, economista titulado del Banco de España, la presidenta de la Fundación FIDE, Cristina Jiménez Savurido -magistrada en excedencia-, los dos señores Pedreño y Desantes antes indicados, así como la magistrada Natalia Velilla Antolín, del Juzgado de Primera Instancia nº7 de Móstoles y autora de otro libro sobre este mismo tema que estoy también deseando leer, titulado “Así funciona la Justicia”.

El tema es muy interesante para todos, si bien me reconozco especialmente implicada en él, dada mi condición de abogada y, por lo tanto, operadora jurídica que está afectada directamente en su actividad por el funcionamiento del sistema.

Decir que la Justicia no funciona bien en España es no aportar nada novedoso que no sea especialmente conocido por todos los españoles, pero sí conviene saber los motivos y también la importancia de que la Justicia no funcione en España como la ciudadanía querría y necesitaría.

Empecemos por decir que los poderes públicos no se han esmerado tanto en que funcione bien ésta como con otras instituciones del Estado. Así, supe en la presentación que la Administración Tributaria española es una de las cinco más eficaces del mundo, como todos hemos podido comprobar en alguna ocasión. No hay nada que se les escape. Por lo tanto, podríamos colegir que no es imposible que uno de los poderes del Estado -quizá el más importante, el Judicial- funcione con mayor eficacia, puesto que como país hemos sido capaces de conseguirlo en el ámbito tributario. ¿Qué falla, por tanto, en este caso? Excuso decirles, y he ahí lo más enriquecedor de la presentación, en la que había otros cuantos abogados y magistrados, que el debate tuvo algún apasionado intercambio de palabras entre unos y otros. Los abogados reclamábamos mayor agilidad en los procedimientos y más control del trabajo de los funcionarios y su absentismo laboral, entre otras muchas cosas, mientras que los magistrados se quejaban amargamente de no tener potestad alguna sobre el personal de su oficina judicial, así como de la sobrecarga de trabajo y de las malas artes dilatorias de algunos letrados. La magistrada Velilla llegó a quejarse amargamente del reparto de la Justicia, entre el Consejo General del Poder Judicial, del que dependen jueces y magistrados, el Ministerio de Justicia, del que dependen los letrados de la Administración de Justicia y los fiscales, y las Comunidades Autónomas, que aportan los medios humanos y materiales. Cada Juzgado viene a ser una especie de piso compartido en el que no manda nadie, según deduzco. Comparto la opinión de Velilla, pues también considero que la Justicia no debería depender de las Comunidades Autónomas que, por otra parte, reciben de los Presupuestos del Estado diferentes asignaciones, no siempre acordes con el dato poblacional. Es de señalar que el número de procedimientos depende sobre todo de la población de cada Comunidad, y en este sentido, según el libro de Juan S. Mora-Sanguinetti, “las provincias más pobladas están en situación más precaria”. A la cola están la Comunidad Valenciana, Murcia, Almería, Sevilla, Madrid y Toledo. Lo que nos faltaba, con el palo que le van a arrear los PGE a Alicante este año, esto puede ser el caos el año que viene, teniendo asignados menos recursos que nunca.

Les dejo un dato significativo, para que vean las diferencias entre provincias en cuanto al tiempo que se tarda en solventar un asunto de despido: En Almería, de media, 596 días, mientras que en Alicante 346 días y en Soria o Lugo tan solo 88 días. Por tanto, es posible que el reparto de los recursos no esté siendo equilibrado en estos momentos entre unas provincias y otras. ¿Casi dos años para resolver un despido? ¡Qué disparate, en el que la Justicia -con mayúsculas- brilla por su ausencia! ¿Y qué sucede mientras tanto con ese trabajador? Una Justicia tardía no es Justicia, lo que demuestra que en nuestro país los derechos fundamentales de los ciudadanos se están conculcando a diario, a causa de esta forma de administrar la justicia tan sumamente ineficaz.

Estamos todavía lejos de incorporar la cultura de la mediación, el arbitraje y la conciliación, como medios alternativos para resolución de los conflictos

Les indico otro dato relevante del libro de Mora-Sanguinetti: las grandes empresas provisionan alrededor de 12.000 millones de euros para posibles problemas legales, sobre todo las que prestan servicios financieros e inmobiliarios y especialmente en cuestiones relacionadas con la tributación -otra vez la voraz Hacienda.

En España estamos todavía lejos de incorporar la cultura de la mediación, el arbitraje y la conciliación, como medios alternativos para resolución de los conflictos, que en otros países sí tienen más asimilados. Sin embargo, existe una apuesta decidida por la mediación, que puede ayudar a solucionar muchos conflictos, a matizarlos, fraccionarlos y evitar que muchos de ellos lleguen a la vía jurisdiccional, lo que es una esperanza de menor litigiosidad. Ojalá se cumpla este feliz augurio.

España es un país de elevada litigiosidad y, si bien litigar es un derecho fundamental, tiene un efecto negativo, como dice el libro de “La factura de la injusticia”, cuando el exceso de litigios colapsa la justicia. No reconforta saber que estamos a la par con otros países de nuestro entorno en cuanto a la duración de los procedimientos. Lo que necesitamos, dado que lo positivo de una justicia ágil es que repercute, según el autor del libro, en la economía y el desarrollo del país, es buscar los mecanismos para mejorar la función jurisdiccional, lo que debería llevar además a la creación de más plazas de jueces y magistrados en nuestro país y a la reforma de las leyes procesales plagadas de trámites inacabables. Queda mucho por hacer y por reflexionar. Celebro la iniciativa de la Fundación FIDE y espero más encuentros como el celebrado en estos días en Alicante.