Hoy es la vivienda, ¿mañana serán los ahorros?

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la nueva Ley de Vivienda, que inicia ahora un largo trámite parlamentario con una primera fecha aproximada para avanzar: llegará al Congreso a finales de año, pero difícilmente estará aprobada antes de dos años.

Lo más interesante de la Ley, y quizá lo único positivo, es el catálogo de desgravaciones que incluye para los arrendadores que reduzcan al menos un 5% los precios de alquiler a los arrendatarios: es una medida positiva que facilita el acceso a la vivienda sin intervenirla, sin cargar la responsabilidad pública en los propietarios privados y beneficiando a todas las partes.

Ahí debería haberse quedado la Ley, que sin embargo sienta un inquietante precedente al imponer sobre el papel una invasión de los poderes públicos en la propiedad privada: aunque este precepto no llegue a desarrollarse por su complejidad técnica y jurídica, que se acepte ya como punto de partida siembre una peligrosa semilla que no se debe aceptar.

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Porque hoy es la vivienda, pero mañana pueden ser los ahorros: la propiedad privada es uno de los pilares sagrados de cualquier democracia. Y no puede haber excepciones que menoscaben las garantías jurídicas que la protegen en un Estado de Derecho digno de ese nombre.

Hoy es la vivienda, pero mañana pueden ser los ahorros: la propiedad privada es uno de los pilares sagrados de cualquier democracia. Y no puede haber excepciones que menoscaben las garantías

Por lo demás, parece difícil que esta Ley intervencionista llegue a aplicarse: el resto de sus medidas dependen de la voluntad de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, responsables de controlar las llamadas "zonas tensionadas" con una compleja medición de los precios de alquiler vigentes y las rentas de los potenciales inquilinos: si ese binomio supera unos parámetros, podrán fijar unas tarifas máximas.

No se aplicará fácilmente

No parece probable que las Comunidades lo apliquen, como ya ha rechazado Madrid, pero aunque quieran hacerlo, tendrán muy difícil recabar los datos y controlar la aplicación de los topes para regular el precio de alquiler en determinados barrios y para los grandes propietarios.

En todo caso, la validez de esa complejísima regulación, que puede ser objeto de incontables recursos por su dudosa constitucionalidad (como la plusvalía ahora tumbada por el TC) al invadir competencias autonómicas y tal vez derechos constitucionales, no será visible hasta 18 meses después de la aprobación definitiva de la Ley. Lo que demora sus efectos, positivos y negativos, a después de las próximas Elecciones Generales.