El Gobierno sí utilizó para confinar al Consejo de Estado que ahora desprecia

Pedro Sánchez no quiere que se conozca la opinión del Consejo de Estado sobre el procedimiento que utilizará para gestionar, de manera personal, los cerca de 150.000 millones de euros que Bruselas dará a España en seis años. Alega que, al no ser vinculante, no es preciso difundirlo y conocer qué piensa al respeto.

Pero no siempre es así. El órgano consultivo por antonomasia, un organismo presidido por la socialista Teresa Fernández de la Vega que consume 13 millones de euros de presupuesto cada año, sí fue utilizado por el mismo Gobierno para poder adoptar, por segunda vez, la decisión más radical tomada nunca en España: confinar de nuevo en su casa a 47 millones de ciudadanos, algo que ya hizo en marzo durante tres meses, si hiciera falta. Y avalar, en todo caso, otro estado de alarma restrictivo con libertades y derechos básicos como la movilidad.

Calvo impide al Consejo de Estado publicar el dictamen que ella mismo encargó

Para adoptar una medida tan polémica y restrictiva, justificada por un desolador panorama sanitario que ahora es similar pero no provoca apenas ninguna medida del Gobierno, se pidió entonces el refrendo del Consejo. E incluso se utilizó su informe para legitimar la decisión, tal y como se hizo consignar expresamente en el BOE, allá por octubre:

"El Consejo de Estado considera que una restricción de esta naturaleza es constitucionalmente admisible, toda vez que el derecho de reunión, al igual que los demás derechos fundamentales, puede verse sometido, como ha reconocido el Tribunal Constitucional, a ciertas modulaciones o límites", recogía el texto literal en la "biblia" institucional de España, en un escrito firmado el pasado 25 de octubre.

Entonces sí valía

Aunque el Gobierno no ha resuelto algo así, sí quiso guardarse esa "bala de plata" por si acaso la "cogobernanza" no era suficiente y el traslado de toda la responsabilidad a las Comunidades Autónomas no daba los frutos esperados. Pero lo cierto es que el segundo estado de alarma, y más duradero en tiempo pues no se agotará hasta mayor, fue justificado desde Moncloa apelando al Consejo de Estado.

El Gobierno que ahora ignora al Consejo de Estado sí lo utilizó para imponer otro estado de alarma desde octubre a mayo

Ése que ahora permanece callado ante la evidente ofensa que supone utilizarlo o ignorarlo según las necesidades de Sánchez. Fuentes cercanas al mismo confirman lo que ya adelantó el miércoles ESdiario: fue la propia vicepresidenta, Carmen Calvo, quien encargó el informe sobre los Fondos Europeos y quien, una vez hecho el trabajo, ejecutó la orden del presidente de guardarlo bajo siete llave.

Sin filtraciones

También confirman que el estudio alcanza las 96 páginas y que su tono es crítico, en lo relativo al procedimiento elegido para manejar el maná europeo, alejado del que tendrán otros países, con comités independientes y figuras de gran autoridad al frente.

El Consejo de Estado es un complejo órgano compuesto por tres tipos de miembros: los permanentes, los natos por su cargo y los electivos, entre los que figuran dos exministros del PP, José María Michavila y Soraya Sáenz de Santamaría. En general, priman expolíticos, juristas, catedráticos y los representantes de instituciones clave como la Fiscalía General del Estado o el JEMAD. 

Aunque todos ellos conocen el informe, solo los consejeros permanentes tendrían acceso a una copia física, pero se da por hecho en el Congreso, a un lado y otro del hemiciclo, que ninguno de ellos lo filtraría.