El Gobierno andaluz planta batalla judicial por el reparto de menores migrantes
Tras varios ultimátum de la Junta al Gobierno por la falta de información, financiación y desigualdad en el reparto de menores, ha decidido acudir al Constitucional.
La consejera de Inclusión social Loles López con un menor migrante.
El Gobierno de Juanma Moreno ha decidido no esperar más y este miércoles aprueba en la reunión del Consejo interponer el recurso al Tribunal Constitucional (TC) contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.
Al respecto del polémico reparto de menores migrantes, el presidente de la Junta de Andalucía recalcaba a principios de este mes que era "probable" que su Gobierno recurriera en los tribunales el reparto de menores migrantes no acompañados acordado por el Gobierno de Pedro Sánchez con Junts, porque es un "atropello total".
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Moreno insistía en que Andalucía seguirá siendo solidaria, pero no tolerará lo que considera un "agravio absoluto" del Gobierno central con el asunto del reparto de menores migrantes no acompañados y, sobre todo, que el líder de Junts, Carles Puigdemont, "a 2.500 kilómetros nos dice a 49 millones de españoles lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer". Ante ello, criticaba que Cataluña no pusiera "los datos sobre la mesa" y planteaba por qué "tiene que recibir menos menores no acompañados que el resto de comunidades autónomas".
El Gobierno de Sánchez trata a los menores como "mercancías"
Y es que mientras Junts no quiere ser el destino de estos menores, en Andalucía el Gobierno "mete por la puerta de atrás" a casi 600 menores migrantes como adultos siendo menores, según denunció la consejera de Inclusión Social, Loles López.
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En este contexto, el presidente del PP andaluz reclama que se necesita una "política de migración seria, rigurosa, con orden, con conocimiento de causa y donde las comunidades participen", evitando el actual "atropello a las autonomías y al principio de igualdad entre españoles", así como a los "derechos de los menores no acompañados, que los tratan como mercancía", con la decisión de Puigdemont sobre "dónde, cuándo y cómo".