La Junta advierte sobre las consecuencias para el colegio sevillano tras el suicidio de Sandra
El caso de la joven Sandra, de 14 años, que se quitó la vida tras denunciar su familia que sufría bullying en el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla, puede tener consecuencias graves para el centro.
Concentración de la familia y los amigos de Sandra, la menor de 14 años que se suicidó en Sevilla.
La muerte de Sandra, una joven de 14 años de edad, que se quitó la vida arrojándose por un balcón tras denunciar que sufría acoso escolar sigue conmocionando a Sevilla y puede tener graves consecuencias para el colegio privado concertado Irlandesas Loreto de la capital hispalense en el que estudiaba la menor.
La semana pasada en ESdiario les informábamos de que la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía había trasladado el caso a la Fiscalía, tras comprobar que el colegio no había activado ningún protocolo ante el caso de supuesto acoso que sufría Sandra por parte de un grupo de compañeras. Ahora, el Gobierno andaluz ha advertido que las Irlandesas Loreto podría perder el concierto educativo "si el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave" del mismo.
Andalucía
Indignación contra el colegio de Sevilla tras el suicidio de Sandra: "culpables" y "asesinos"
Manuela Herreros
"Será la Fiscalía la que determine la posibles responsabilidades, así como la titularidad del centro es la que debe actuar depurando las responsabilidades de su personal conforme a los requerimientos enviados por parte de la Consejería. A partir de ahí, en el caso de que el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave del concierto, se podría determinar su retirada por parte de la Junta", han explicado fuentes de la Consejería.
El colegio Irlandesas Loreto contra las cuerdas desde el primer momento
La Consejería de Educación del Gobierno andaluz confirmó el 16 de octubre de que el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas (suicidio), tal y como está obligado por la normativa vigente. Además, informó de que derivaba a la Fiscalía toda la información del caso y abría un expediente administrativo, con los consiguientes requerimientos, para depurar las posibles responsabilidades.
La Inspección Educativa abrió "de forma inmediata" una investigación para recabar toda la información acerca del caso, recogiendo tanto los testimonios de la dirección de este centro privado concertado como el registro documental tanto de las comunicaciones como de las actuaciones que el centro puso en marcha, levantando acta y elevando informe de propuesta de medidas.
El caso de Sandra llega al Defensor del Pueblo Andaluz
El suicidio de la joven Sandra ha llegado también hasta el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, que también ha confirmado la apertura de una investigación de oficio para conocer el funcionamiento del protocolo contra acoso escolar en el caso de la muerte de la menor. Ha elevado la queja a la autoridad educativa y ha hecho una llamada a la prevención ante señales de acoso y violencia. "Los protocolos tienen que funcionar", ha remarcado.
Un problema sobre el que también llama la atención la propia Fiscalía Superior de Andalucía, que señala en su memoria de 2024 que se incoaron un total de 75 expedientes de reforma --procedimiento penal que se inicia cuando un menor de entre 14 y 18 años comete un presunto delito-- por acoso escolar. De estos 75 expedientes, en Málaga se concentran 62, seguidos de los seis de Cádiz, cuatro de Jaén y tres en Huelva. No consta ningún caso en la provincia de Sevilla.
En la memoria se señala que "todas las secciones de menores vienen a indicar, como se reitera memoria tras memoria, que la gran mayoría de los expedientes se resuelven vía solución extrajudicial". En el balance de la actividad desplegada por la Fiscalía Superior de Andalucía en 2023, la institución judicial llamaba la atención sobre "la preocupación por este tema".