Andalucía prepara una nueva medida para defender a las "víctimas" de la ocupación ilegal

El problema de la vivienda se encauza de manera muy diferente dependiendo del Gobierno de cada territorio y en el caso de Andalucía nace una propuesta del vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira (Vox), que pone en el foco en defender a las "víctimas" de la ocupación ilegal.

Será a través de la creación de una unidad de coordinación especializada, según ha anunciado este jueves Gavira en el Parlamento. El consejero y líder de Vox ha señalado que el objetivo es atender a los afectados por la ocupación ilegal de su vivienda, asesorando a las "víctimas desde el primer momento" y orientarles de los recursos disponibles para ayudarles a recuperar su propiedad, todo ello, en colaboración con profesionales de la abogacía.

"Queremos que los propietarios sepan los pasos que tienen que dar al principio y lo vamos a hacer impulsando además también un convenio con los colegios de abogados para ofrecer asistencia especializada desde las primeras horas"Manuel Gavira, vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía

Para Manuel Gavira, una de las soluciones prioritarias para que aumenten las viviendas disponibles en el mercado y los alquileres asequibles, es "dar seguridad". Al respecto de la iniciativa, ha aclarado que "esto no tiene nada que ver con la asistencia jurídica gratuita; esto es la primera instrucción, la primera información, la primera orientación y luego se analiza si tiene asistencia jurídica gratuita".

Gavira defiende su propuesta con cifras de ocupación y la contrapone a los decretos del Gobierno

El vicepresidente segundo de la Junta también ha alertado de que esa "usurpación que están sufriendo muchas personas genera "miedo" a poner en alquiler la vivienda y ha añadido que en estos momentos no tienen el respaldo del Estado para protegerlos ante la ocupación.

Gavira saca cifras para defender su propuesta y ha apuntado a que el año pasado se registraron en Andalucía casi 2.000 denuncias por allanamiento o por usurpación de inmuebles y "cada propietario que ve como una persona entre ilegalmente en su casa y se puede pasar meses o años intentando recuperarla es también un mensaje para otros propietarios a los que se les está diciendo que mejor no alquilen porque como tengan un problema, van solos".

El vicepresidente segundo de la Junta ha contrapuesto esta iniciativa a los decretos ley en materia de vivienda aprobados por el Ejecutivo nacional. Opina que suponen "más intervencionismo, más carga y más inseguridad jurídica, exactamente la misma receta que ha fracasado anteriormente".