UGT-A tendrá que devolver 18,3 millones de euros a los andaluces por el fraude en los cursos de formación

El sindicato de UGT Andalucía tendrá que rascar, y mucho, en sus bolsillos porque tendrá que hacer frente al pago de 18,3 millones de euros. Una cantidad muy elevada que está obligado a devolver a la Junta de Andalucía tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo, que ha desestimado su recurso contra la condena que pesaba por las irregularidades en los cursos de formación que impartían en la comunidad.

El Supremo ampara de este modo la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en 2023 que cuantificaba en la condena un total de 13,1 millones vinculados a una subvención a UGT para 240 cursos no justificados debidamente, anteriores al año 2009, así otros 5,2 millones en concepto de intereses.

De aquella sentencia, que ahora el alto tribunal confirma en casación, según ha adelantado El Español, se desprende que UGT recibió dinero para ofrecer formación a los parados andaluces, pero cometió "infracciones de notable gravedad" al no seguir los procedimientos legales con esas subvenciones públicas.

Un procedimiento 'escondido' en la Junta

Este caso judicial tiene su origen en un expediente administrativo abierto por la Junta de Andalucía en la etapa del PSOE, concretamente en el año 2015 cuando la presidenta era Susana Díaz, en el que se acordó el reintegro por parte de UGT de esos 18 millones de euros, ante el escándalo que suscitó el asunto en los medios de comunicación.

Sin embargo, ese expediente para recuperar el dinero se quedó 'escondido' en un cajón varios años, hasta que en 2019 accedió al Gobierno andaluz Juanma Moreno (PP-A) que levantó las alfombras de San Telmo justo a tiempo para que lo defraudado volviera a las arcas públicas. Y es que cabe recordar que el expediente estaba a punto de prescribir cuando los 'populares' lo reactivan, iniciando una batalla judicial contra UGT-A.

El sindicato también acudió a los tribunales contra esa resolución pero topó con el TSJA que confirmó que debían devolver el dinero, porque aunque comprobó que se impartieron los cursos, también se detectaron irregularidades graves como la subcontratación con sociedades instrumentales de UGT-A sin autorización, y discrecionalidad a la hora de fijar salarios de docentes al margen de los baremos, entre otras.

UGT volvió a intentarlo recurriendo en el Supremo pero tampoco ha salido bien parado porque ha fallado en su contra confirmando la condena por la que tendrá devolver a la Junta los 18 millones en litigio.

UGT-A acorralado con otros 40 millones pendientes

No es el único problema para uno de los sindicatos mayoritarios en España, cuyo secretario a nivel nacional es Pepe Álvarez, porque está a la espera de otro pronunciamiento del Supremo ante el recurso contra otra sentencia de 2024, esta vez de la Audiencia de Sevilla y por lo Penal, que declaraba a UGT responsable civil subsidiario de un fraude en formación de 40 millones de euros.

En ese caso, además, se vieron condenados varios miembros de anteriores directivas regionales de UGT por delitos de fraude en subvenciones y falsedad en documentos mercantiles en esa causa penal. 

Además, se da la circunstancia que si los condenados como responsables del fraude no pueden devolver los 40 millones defraudados, el sindicato deberá abonarlos por ellos como responsable civil subsidiario según la sentencia de la Audiencia.