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La pesca tradicional en Andalucía condenada a la extinción
La Junta de Andalucía se une al sector para evitar que se aplique el plan europeo que marca el fin de la pesca de arrastre en 2030 y que supondrá la pérdida de más de 3.000 empleos directos.
Los problemas que acechan a la pesca tradicional en Andalucía no son menores, su actividad puede acabar en 2030 si se impone el plan que impulsa la Comisión Europea. Una medida que ha hecho saltar todas las alarmas, puesto que es un sector vital para la economía de la región.
La flota pesquera andaluza está compuesta por más de 1.400 barcos, en los que trabajan unos 6.000 tripulantes, que desarrollan su actividad en los 25 puertos pesqueros. Además de los 214 mariscadores de “a pie” que recolectan moluscos bivalvos en las playas de Huelva y Cádiz. Cada año la flota desembarca en torno a 55.000 toneladas de pescados y mariscos, con un valor de venta en lonja de más de 170 millones de euros.
Ante estas cifras, la propia Junta de Andalucía se ha unido al sector y ha aprobado una declaración institucional de apoyo a la modalidad tradicional de pesca de arrastre, cuyo objetivo es frenar el denominado ‘Plan de acción para la conservación de recursos pesqueros y protección de los ecosistemas marinos’ que impulsa Europa y que en su redacción actual supone un gravísimo perjuicio al conllevar su eliminación en 2030.
El plan no está justificado por informes
El documento advierte de su “importancia vital” para la economía de Andalucía y “la defensa férrea del sector pesquero”, ya que supone 23.000 empleos entre directos e indirectos y en lo que hace a la pesca de arrastre, con presencia en las cinco provincias litorales de Andalucía. Esta modalidad genera más de 3.000 empleos directos y la subsistencia de más de 200 barcos de la flota andaluza y se dedica a la pesca de especies tradicionales de la comunidad como la cigala, la gamba roja o el salmonete.
Por todo ello, la declaración institucional señala que “desde la Comunidad Autónoma de Andalucía no se comparte la necesidad de este plan que consideramos no está justificado por informes científicos actualizados, no existen informes sociales ni económicos y no se ha escuchado debidamente al sector”.
En la declaración se insta al Gobierno de España para que “busque alianzas para frenar en la Unión Europea” este Plan, “articulando una defensa integral del sector pesquero” y que se acompañe del impulso “a todos los niveles, de la interlocución con el sector”.
