UGT no se libra de la fianza de 9.7 millones a pagar por el caso ERE

El sindicato de UGT ha vuelto ha recibir un varapalo judicial por su implicación en las ayudas sociolaborales de prejubilación obtenidas de la Junta de Andalucía por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

El Tribunal de Cuentas ha desestimado el recurso que presentó la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT, contra el acta de liquidación provisional de las diligencias contables de las ayudas públicas, un acta traducida en un "requerimiento de pago" que supera los 9,7 millones de euros en el caso del sindicato.

De igual forma se ha pronunciado sobre el recurso presentado por el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía entre 2010 y 2012, Daniel Alberto Rivera, investigado en numerosas piezas separadas promovidas por la vía penal por la macro causa de los ERE. Este alto cargo de la administración se libró del juicio que sentó a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves, pero está investigado en otros muchos procedimientos de las más de 80 piezas en la que se dividió la macrocausa, en los que se obtuvieron ayudas públicas de forma fraudulenta.

Cuenta atrás para Chaves y Griñán y sus condenas por la corrupción de los ERE

Tal liquidación provisional y la providencia de requerimiento de pago consideran a la FICA de UGT y Daniel Alberto Rivera como "presuntos responsables contables", reclamando 9.745.882 euros al sindicato y 2.787.816 a Daniel Alberto Rivera.

El Tribunal tumba las peticiones alegando que "no se ha producido perjuicio en la posición jurídica y el derecho de defensa de los recurrentes, ya que no se han limitado sus derechos, ni se les ha impedido formular las alegaciones posibles en la fase instructora", ya que el caso está pendiente de apertura de juicio.

Recuperar el dinero defraudado

El Tribunal de Cuentas actuó en paralelo al procedimiento penal contra los expresidentes y consejeros de la Junta, con el objetivo de recuperar el dinero que salió de las arcas públicas en forma de ayudas para los afectados por expedientes de regulación de empleo. Un desvío ilegal de fondos, del que se acusa al sindicato y al exdirector, ya que estos llegaron a manos de empresas y trabajadores de forma arbitraria y sin control, además de no cumplir los requisitos.

El exdirector de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, en los juzgados de Sevilla.

Aunque han intentado en diversas ocasiones que se les levantara la fianza, el instructor pidió al sindicato en julio de 2021 que depositaran la fianza, pero UGT propuso como aval el embargo de 49 inmuebles de su propiedad, medida que fue aceptada.

Por su parte, Rivera, que está involucrado en una decena de procesos por responsabilidad contable y se le atribuyen delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, tiene parte de su sueldo y sus bienes embargados.