El Levante unido planta cara a Sánchez para impedir los recortes de agua

Este miércoles es el 'Día mundial del agua' y Andalucía tiene poco que celebrar, ya que afronta una fuerte sequía. Ha entrado la privamera y el invierno ha dejado pocas precipitaciones, tanto es asi que la capacidad media de los embalses no supera el 30%. La preocupación es mayúscula por la falta de agua, debido a que puede romper todas las previsiones de crecimiento en la comunidad en sectores vitales como la agricultura y la ganadería que ya están sufriendo ya las consecuencias, pero también pone en jaque al turismo, la industria e incluso al abastecimiento humano.

Por ello, el Gobierno andaluz liderado por Juanma Moreno (PP) no está dispuesto a sumar a esta situación, el recorte de recursos hidrícos por la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez y emprende una batalla judicial. Al igual que la Comunidad Valenciana en manos del presidente Ximo Puig (PSOE) y la Región de Murcia, presidida por Fernando López-Miras (PP), la Junta presentará al Tribunal Supremo (TS) un recurso con el fin de que el Estado "dé marcha atrás" en el aumento del caudal ecológico del Tajo hasta los 8,6 metros cúbicos por segundo, lo que supone un "recorte" del trasvase Tajo-Segura.

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La Junta de Andalucía ha indicado que rechaza esta modificación por "no contar con informes técnicos ni jurídicos que la respalden" y por haberse tomado "de forma unilateral" por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, "modificando el acuerdo alcanzado por las comunidades autónomas en el Consejo Nacional del Agua, donde se consensuó un aumento hasta los seis metros cúbicos por segundo.

El campo y el abastecimiento humano en riesgo

Las tres comunidades del Levante español a las que afecta el 'cierre del grifo' del Estado, se plantan ante Sánchez y sus políticas, que castigan especialmente a los regantes de la zona más productiva de España y en especial a la provincia de Almería. "Estos recursos hídricos son necesarios para cubrir las necesidades de consumo de numerosos ciudadanos y para poder continuar con la importante actividad agrícola que se desarrolla en el Levante que, además de generar riqueza y empleo para sus habitantes, se caracteriza por su sostenibilidad ambiental y social", afirma.

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En concreto, traslada que la decisión del Gobierno central "pone en riesgo, por un lado, la supervivencia de 23.000 hectáreas de cultivo; y, por otro lado, los aportes que diversos municipios del levante de Almería reciben del trasvase Tajo-Segura para abastecer a alrededor de 150.000 personas".