Investigan la empresa pública que presidió Espadas por el desvío de 21 millones

No terminan los problemas para el candidato del PSOE-A a la Junta de Andalucía, Juan Espadas, al que cada vez se acercan más los casos de corrupción. Este mismo mes su mujer, Carmen Ibanco, ha tenido que comparecer por su contratación irregular en la Faffe, durante la comisión de investigación que lleva a cabo el Parlamento. Y ahora se investiga la Empresa de Gestión Ambiental (Egmasa), en la que estuvo al frente con varios cargos, entre ellos el de presidente de 2004 a 2008, por el desvío de 21,6 millones de euros.

El juez que instruye el caso de los ERE en diferentes piezas, José Ignacio Vilaplana, ha emitido un nuevo auto en el que ordena continuar por el trámite del procedimiento abreviado las diligencias previas correspondientes a las subvenciones excepcionales concedidas por la Junta de Andalucía a Egmasa, para la prejubilación de 373 empleados.

El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla determina en este nuevo auto acusa de presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación, a nueve personas y Egmasa, CCOO y Vitalia como responsables subsidiarias. El caso se centra en las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social (DGTSS) de la Junta de manera ilícita y arbitraria por importe de 21.673.680 euros.

El juez que instruye el caso, José Ignacio Vilaplana.

Constan pagos realizados desde el año 2004 hasta el año 2010 por la Agencia IDEA de 16.069.3918 euros, a los que habría que añadir la cantidad de 300.000 euros mediante los denominados “pagos cruzados". Es decir, cantidades que abonaba la agencia IDEA para el pago de la prima de una póliza que, por orden del entonces director General a la compañía aseguradora ya fallecido, aplicaba a otras pólizas o compromisos, ordenados por el titular de la DGTSS.

El auto señala al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera; al exdirigente de CCOO Antonio Perianes; al ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar; los directivos de Egmasa María del Mar Espejo Tudela y Antonio del Valle Jiménez; al exjefe de división de Recursos Humanos de Egmasa Pedro García González; al exviceconsejero Juan Jesús Jiménez Martín y a los exdirectivos de la consultora Vitalia Jesús Bordallo y Antonio Albarracín.

Respecto al exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, el juez determina su exclusión de la causa, toda vez que Viera ha sido ya juzgado y condenado por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla por el denominado como procedimiento específico mediante el cual era canalizada la financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares o innecesarios y las ayudas presuntamente arbitrarias.

El pasado de Espadas marca su futuro

El caso de los EREs no va a dejar transitar a Juan Espadas hacia la Presidencia de la Junta de forma sosegada, todo lo contrario. No es sólo que el actual alcalde de Sevilla pueda promocionar un nuevo PSOE alejado de la corrupción, sino que todo apunta a que las irregularidades cometidas coincidieron con distintos puestos que ocupó de dirección en la Junta de Andalucía.

Por ejemplo, cuando su mujer fue contratada en la Fundación que usaba fondos públicos para pagar prostíbulos y enchufar a los afines del partido, él era viceconsejero de Ordenación del Territorio del Gobierno andaluz. Demasiado cerca del poder, pero no se ha demostrado ninguna vinculación.

Tampoco aparece el auto al que este periódico ha tenido acceso sobre las subvenciones investigadas, a pesar de que entre 1997 y 2000 Espadas fue secretario general de Planificación de Egmasa, entre 2000 y 2004 ocupó la Dirección General de Prevención Ambiental de la Consejería de Medioambiente de la Junta, y entre 2004 y 2008 fue presidente de Egmasa.

Una lista de cargos que demuestran el estrecho vínculo entre Espadas con el PSOE de antes, que a su vez lo ha colocado como su máximo líder en Andalucía. Lo avala el socialismo regional y también el nacional de Pedro Sánchez, pero tendrá que enfrentarse a las urnas pronto, en 2022, y difícilmente los andaluces pueden obviar el mayor caso de corrupción de España que saqueó las arcas de la comunidad y que se está esclareciendo en los juzgados.