| 19 de Abril de 2024 Director Benjamín López

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El secretario generla del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el secretario andaluz, Juan Espadas.
El secretario generla del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el secretario andaluz, Juan Espadas.

El PSOE saca la 'mordaza' para impedir que el Parlamento critique a Sánchez

Desempolvan un artículo en desuso, sólo se ha utilizado dos veces en 40 años, para vetar las proposiciones que aborden competencias del Estado y evitar los debates sobre su 'jefe' de filas.

| Manuela Herreros Andalucía

El Partido Socialista en Andalucía quiere 'vetar' los temas sobre los que se puede hablar en el Parlamento y, más concretamente, aquellos que tengan que ver con las acciones del Gobierno central que dirige su 'jefe' de filas Pedro Sánchez, aunque tengan impacto en la comunidad.

Los socialistas, con su secretario general Juan Espadas a la cabeza, no quieren que se escuchen críticas al Ejecutivo, ni que desde la Cámara se hagan reivincicaciones o aborden asuntos que son competencia de Moncloa. Y para conseguir este propósito han recurrido a una artimaña legal para conseguir 'censurar' el debate parlamentario.

 

Desempolvan un artículo en desuso que regula el funcionamiento de la Cámara, el 171, en el que se restringe la tramitación de las proposiciones no de ley (PNL) que versan sobre competencias exclusivas del Estado. “Sólo podrán ser incluidas en un orden del día si cuentan con el apoyo de las dos terceras partes de la Cámara o tres Grupos parlamentarios que representen la mayoría de la misma”.

Un artículo que sólo se ha usado dos veces en 40 años y que no existe en ninguna otra Cámara autonómica, pero que los socialistas rescatan para su interés partidista. Y es que quedan pocos meses para las elecciones y quieren eludir asuntos más que incómodos como la reforma de los delitos de malversación o sedición, la polémica Ley del 'sólo sí es sí'.

Espadas le hace el "trabajo sucio" a Sánchez

Al respecto de esta medida que los socialistas quiere usar como 'mordaza' hacia el resto de partidos, el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha lamentado que el PSOE-A "se haya convertido en lacayo de Pedro Sánchez y del Gobierno central más antiandaluz de la historia", al invocar "subterfugios reglamentarios" para impedir que en la Cámara autonómica se debatan asuntos de competencia de otras administraciones aunque tengan influencia en esta comunidad.

"Denunciaremos de forma sistemática cada vez que los socialistas intenten posicionar al Parlamento en contra de estos temas y estudiaremos todas las iniciativas a nuestro alcance, porque se trata de preservar la calidad democrática en la Cámara y de defender a todos los parlamentarios andaluces que hay y que vendrán", ha señalado.

Para Martín, el PSOE andaluz liderado por Juan Espadas "intenta hacer el trabajo sucio a un presidente del Gobierno que se ha revelado como el más antiandaluz y que no sólo no va a cambiar sus políticas respecto a Andalucía, sino que además quiere que no lo podamos ni denunciar".

"Durante 40 años ha primado una altura política que parece que ahora se derrumba", ha expresado Toni Martín, quien ha hecho un llamamiento a la sensatez al resto de grupos políticos para evitar que "se instale como estrategia política el intento de coartar el debate político" en Andalucía.

Los letrados advierten: es legal pero "contrario a la práctica democrática”

Como consecuencia de la petición del PSOE de rescatar este articulo del reglamento obsoleto, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, solicitó a los servicios jurídicos un informe sobre la interpretación del mismo que dio como resultado reconocer su legalidad, así como su aplicación. Pero tras ello, los juristas denuncian que es “contrario a la práctica democrática”, incluso afirman que sería una “vía conflictiva” que puede terminar impugnado ante el Tribunal Constitucional.

La delicada cuestión, que nunca había sido planteada por ningún otro grupo, también sugieren reformarlo, una vía que no descartan los populares para garantizar el debate democrático en la Cámara y que los ciudadanos conozcan la realidad de Andalucía que se ve afectada por las decisiones del Gobierno en Madrid.