Otro golpe judicial acorrala al PSOE-A por 36 millones otorgados a fondo perdido

El número de causas por los fraudes que afectan directamente al PSOE andaluz abarrotan los tribunales y las últimas novedades llegan del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que continúa el procedimiento para llevar a juicio a los responsables de los préstamos concedidos a la empresa Santana Motor por más de 36 millones de euros.

Los seis investigados en esta causa son el exconsejero de Innovación de la Junta de Andalucía, Martín Soler, y los exdirectores generales de la Agencia IDEA Jacinto Cañete Rolloso y Antonio Valverde Ramos, así como otros tres responsables de la empresa, ya que la causa analiza la posible administración irregular de esos fondos reembolsables, que acabaron convirtiendo en préstamos a fondos perdidos.

Pero los responsables socialistas encajaron los citados préstamos concedidos a la empresa Santana Motor S.A. al amparo del convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía y la agencia IDEA el día 15 de diciembre de 2009 para la creación de capacidades de diseño y desarrollo tecnológico y de procesos de industrialización de vehículos todoterreno, denominado convenio Massif.

En un auto, el magistrado toma esta decisión “por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos” de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental, al respecto de los convenios en los que la agencia IDEA, mediante acuerdos del Consejo Rector ratificados por el Consejo de Gobierno de la Junta el 15 de diciembre de 2009, aprobó la concesión de un “préstamo reembolsable” a Santana Motor por importe de 25.735.044 euros y 10.370.000 euros (en total, 36.105.044 euros), respectivamente.

Ayudas a fondo perdido

En este sentido, y según resalta el magistrado en el auto, la Intervención General de la Junta expuso en informe de actuación de la agencia IDEA que el convenio finalmente suscrito el 17 de diciembre de 2010, y que firmaron el ex consejero y uno de los ex directores generales de IDEA investigados, “contiene un nuevo texto sustituido e incorporado, distinto del realmente aprobado por el Consejo de Gobierno el 15 de diciembre de 2009”, de forma que el contenido del convenio y su naturaleza jurídica fueron alterados “sustancialmente”, y “lo que la agencia IDEA (y posteriormente Santana Motor) recibe no es un crédito reintegrable, como había autorizado el Consejo de Gobierno, sino una ayuda a fondo perdido”.

Según expone el juez, se omitieron los  procedimientos y principios legalmente aplicables, un “incumplimiento” que supone que el préstamo que como tal había sido autorizado por el Consejo de Gobierno “habría pasado a ser una entrega de fondos sin contraprestación alguna en favor de Santana Motor”, produciéndose así “un menoscabo de estos fondos públicos, que habrían sido entregados a Santana sin autorización del Consejo de Gobierno y sin que los mismos hayan sido recuperados por la agencia IDEA dada la situación de insolvencia y crisis financiera en que se encontraba dicha entidad desde hacía años”.