Los planes de Moreno para los agricultores y el Parque de Doñana se aceleran

El Gobierno andaluz que preside el popular Juanma Moreno no pisa el freno en lo respecta a sus planes para el Parque Nacional de Doñana y su entorno. Las dos grandes iniciativas que afectan a este espacio natural van superando sus trámites y, a pesar del ruido político y mediático que han generado, pueden llegar a materializarse muy pronto.

Por un lado, encontramos la reciente operación anunciada por el presidente de la Junta para adquirir una superficie de 7.500 hectáreas, de las cuales más de la mitad son un humedal que da cobijo a 300.000 aves acuáticas, para incorporarlas al Parque Nacional, lo que supondría una ampliación del 14% de su superficie.

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Pues bien, la compra de la finca en cuestión, 'Veta La Palma', ubicada en La Puebla del Río (Sevilla), está cerrada con los propietarios, que han utilizado estos terrenos para la acuicultura y el fin de la actividad supondría la desecación del valioso humedal. Pero no sólo está cerrado el trato con los titulares y el precio de 70 millones de euros, también está clara su financiación y avalada por el Gobierno de España.

Así lo ha anunciado el portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, que ha asegurado que el Ministerio de Hacienda ya ha dado el "visto bueno" al modelo de pago propuesto por la Junta empleando un 60% de fondos europeos y el 40% de fondos propios de la comunidad autónoma con el objetivo de que la compra de la finca Veta La Palma pueda realizarse "lo antes posible".

La Ley de regadíos en su punto final

De manera simultánea a esta ampliación de Doñana, también sigue su curso la proposición de ley que regula las zonas de regadíos de cinco municipios situados al norte de la Corona Forestal de Doñana (Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana) y que forman parte del Condado de Huelva. El PP andaluz, que impulsa la iniciativa junto a Vox, espera que sea aprobada de manera definitiva en el Pleno del Parlamento que se desarrollará los días 27 y 28 de este mes.

Así lo ha manifestó este lunes el portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, que ha defendido que se trata de una buena ley, "en beneficio del medio ambiente y de los agricultores y la economía de la provincia de Huelva". A pesar de la polémica que ha suscitado, el PP sostiene que en ningún momento se dará derechos de riego a los agricultores que sólo podrán usar aguas en superficie cuando se disponga de ellas, al crear las infraestructuras pendientes, y nunca del acuífero de Doñana, como se ha venido haciendo.

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Un problema que arrastran los agricultores onubenses, dedicados principalmente a la producción de fresas y frutos rojos, desde que se aprobó el Plan Fresa de 2014 durante la etapa socialista en la Junta y que ahora trata de encontrar una solución con esta ley.