Los regantes llevan al Gobierno ante el Supremo por el "disparate" del trasvase

Las reacciones a la decisión tomada por el Consejo de Ministros que ha aprobado el recorte del trasvase Tajo-Segura no se han hecho esperar y los afectados acudirán a los tribunales para defender su actividad agrícola y los 15.000 puestos de trabajo que dependen del agua.

El presidente del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez, ha indicado que los regantes denunciarán en el Tribunal Supremo el recorte del trasvase Tajo-Segura que contempla la nueva planificación hidrológica aprobada este martes por el Consejo de Ministros por "la visceralidad de Ribera", en referencia a la actitud mostrada por la ministra de Transición Ecológica del Ejecutivo, Teresa Ribera.

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La concentración que protagonizaron ayer frente al Palacio de la Moncloa no ha servido para sensibilizar la Gobierno de Pedro Sánchez, que aprobó como Real Decreto una docena de planes hidrológicos y que contempla el establecimiento de un caudal ecológico mínimo, también y por primera vez en el Tajo, lo que supone un recorte del trasvase a la zona del Levante español y por tanto de 100 hectómetros cúbicos la capacidad de riego en la huerta de Europa.

Un chiste cruel

Desde el sindicato que representa a regantes de Murcia, Valencia y Andalucía, han denunciado que la nueva planificación para el periodo 2023-2027 no ha tenido en cuenta ni las alegaciones de los regantes, ni las consideraciones del Consejo Nacional del Agua ni del Consejo de Estado. "Contra una voluntad fanatizada es muy difícil luchar", ha lamentado.

"La ministra se ha puesto de espaldas de propios y extraños", considera Jiménez, quien vaticina "meses largos de lucha en los tribunales". Así, asegura que "el recorte está aprobado" y tilda de "sueños" y "promesas electorales" las afirmaciones de la ministra, quien ha garantizado que con la puesta en marcha de distintas medidas los regantes dispondrán de aquí a 2027 de 140 hectómetros cúbicos, frente al máximo de 70 a 110 hectómetros cúbicos que se perderán con el recorte del trasvase derivado del establecimiento de caudales ecológicos mínimos en el Tajo, de 7 hm3 en 2023 y de 8,65 hm3 en 2026.

Para el representante de los regantes, las cifras ofrecidas este martes por Ribera no son más que "promesas electorales" con números que "no aparecen en el plan de cuenca del Segura".

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Jiménez ha invitado a consultar el plan del Segura para ver con un "rápido vistazo" que en los borradores de 2021 el plan de cuenca reconocía una necesidad de 91 hectómetros cúbicos más y calificaba como "inasumible" el recorte que planteaba la ministra. De hecho, de los recursos de desalación que se estimaban necesarios, asegura que el 88% de ellos ya están allí y afea a la vicepresidenta de no haber generado "ni un solo hectómetro cúbico nuevo a pesar de sus promesas".

Además, ha advertido de que el propio plan del Segura contempla para 2027 un déficit estructural de agua será de 390 hectómetros cúbicos con un agua desalada "no existe". "La oferta con promesa electoral de 38 hectómetros cúbicos es una tirita y un chiste cruel para el futuro de las poblaciones", ha criticado.

Moreno considera un "disparate" el recorte

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se posiciona junto a los regantes y considera un "disparate" el recorte del trasvase del Tajo-Segura. Al respecto, ha instado al Gobierno a dar "marcha atrás" en un decisión carente de "sentido común" y en la que "no prima el interés general".

Este es un procedimiento ya habitual por parte del Gobierno, que no respeta los procedimientos habituales para hacer una ley o una modificación legal, en este caso, un trasvase sin consensuar, además, con los sectores y territorios afectados.

El líder del Gobierno andaluz ha lamentado que el Ministerio que dirige Teresa Ribera no haya atendido las peticiones "para que hiciese una reflexión" y se "sentase a negociar" con las tres comunidades autónomas afectadas y con las organizaciones agrarias, regantes y productores.

"Creo que es una de tantas decisiones políticas que se toman en este Gobierno donde no prima el sentido común, donde no prima el interés general y donde lo que sí prima son los acuerdos políticos e ideológicos, perjudicando al conjunto de los ciudadanos", ha trasladado.

Moreno ha afirmado que la aprobación este martes del Real Decreto es "un gravísimo error" que le han dicho a Pedro Sánchez "los propios socialistas murcianos, valencianos, e incluso, alguno de Almería" y ha asegurado que es indicador de que "es hora de el Gobierno pare y se ponga a hablar, a dialogar" abandonando lo que es "un criterio puramente ideológico".