La corrupción del PSOE en los ERE llevó el dinero de los parados a Luxemburgo

El contenido del auto que conocíamos este miércoles en el que se procesa a dos consejeros de Empleo del Gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía, Antonio Fernández y Manuel Recio, por el desvío de más de 33 millones de euros, deja en evidencia el escandaloso destino de las ayudas que debían ir dirigidas a la formación de los parados andaluces.

Nada de ofrecer cursos a los desempleados, sino que ese dinero se concedió "arbitrariamente" al entramado de sociedades del también exconsejero de Hacienda andaluz Ángel Ojeda, según señala el auto del juez José Ignacio Vilaplana, que instruye la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, dividida en diferentes piezas.

En ésta en concreto, el magistrado considera que los hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude de subvenciones y malversación de caudales públicos, por lo que le da traslado a la Fiscalía Anticorrupción para sentar en el banquillo a Fernández y Recio y otros seis investigados. Sin embargo, en el caso de Ojeda ha fallecido y se declaró extinguida su responsabilidad penal en esta causa que investiga este fraude de los cursos de formación de los extrabajadores de la multinacional de automoción Delphi de la Bahía de Cádiz.

El PSOE-A suma otro caso de fraude y malversación de fondos de tres exconsejeros

El contenido del auto refleja que “el entramado habría de conformarse en torno a la simulación de contrataciones con empleados de la empresa Delphi, incluyendo así salarios, cotizaciones y otros gastos que pagaría de modo indirecto la propia Junta a través de las empresas y entidades” de Ángel Ojeda, señalando que “las entidades que ofrecía” el ex consejero de Hacienda, “meros testaferros de su voluntad, contrataría a los trabajadores de Delphi del dispositivo singular, pero siempre con financiación pública”.

Ojeda invirtió en productos financieros en un banco en Luxemburgo

Y esos más de 33 millones de euros cayeron en manos de Ojeda y, según el auto, con los beneficios procedentes de la defraudación, habría contratado, a través de distintas empresas del Grupo, una serie de productos y movimientos financieros en la entidad financiera el EFG BANK con sede en Luxemburgo, de los que sería beneficiario último el propio exconsejero.

Cada una de las siete sociedades implicadas sería titular de una cuenta corriente y de otra
cuenta de valores en la mencionada entidad EFG BANK (Luxemburgo) S.A., Sucursal en España; cuentas, todas ellas, abiertas en mayo del año 2011. Es más, cada una de las sociedades mantiene cuanto menos una cuenta abierta en esta entidad por diferentes importes, importes que son aportados a un fondo de inversión, todas al mismo.

En el año 2012 el total de las participaciones de dicho fondo (4.252.000 euros) son pignoradas para
la solicitud de un crédito con la misma entidad a favor de la sociedad de Ojeda Prevención de Riesgos Seguridad y Calidad, S.L. (PRESCAL), por un importe de 3.800.000 euros. En el mes de julio de 2014, todas las sociedades simultáneamente, solicitaron el reembolso del citado fondo de inversión.

En definitiva, toda una trama cuyas consecuencias se esclarecerán en los tribunales, pero que ya evidencian el uso fraudulento de dinero público para beneficiar a los propios dirigentes socialistas.