La familia de Griñán y la socialista aprietan a Sánchez para que lo indulte

El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, está a un paso de ingresar en prisión, tras la confirmación de la condena del Tribunal Supremo a seis años de cárcel por los delitos de prevaricación y malversación en el caso ERE (Expedientes de regulación de empleo). Un pronunciamiento que también ratificó la condena a nueve años de inhabilitación por prevaricación de Manuel Chaves.

Las escasas vías que le quedan al expresidente socialista es conseguir el amparo del Tribunal Constitucional que ocurre en pocas ocasiones o bien el indulto del Gobierno de Pedro Sánchez. Por ello, su círculo más cercano ha iniciado los trámites para conseguirlo.

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La mujer de Griñán, María Teresa Caravaca; y su hijo, Manuel Griñán Caravaca, presentarán la petición de indulto parcial para el expresidente alegando su "intachable trayectoria vital caracterizada por su lucha por la Democracia" y que a lo largo de 40 años dedicados al servicio público "jamás ha obtenido remuneración alguna distinta de su sueldo de funcionario". Así queda reflejado en el borrador de la petición de esta medida de gracia a la que ha tenido acceso 'El Confidencial'.

El documento, según adelanta el medio, será presentado ante el Ministerio de Justicia y, además de la familia, a la petición para que no ingrese en prisión se han sumado otros líderes históricos socialistas. Es el caso de los dos expresidentes del Gobierno: José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González, que estamparán su firma de apoyo al indulto que se presentará una vez se publique la sentencia del Supremo, de la que hasta ahora sólo se ha dado a conocer el fallo.

Cabe recordar que el pasado 8 de agosto, González indicó en un comunicado que había recibido con "perplejidad y dolor" el fallo del Supremo y defendía su "intachable integridad moral", por lo que aseguraba que si tuviera oportunidad de nombrarle miembro de un Gobierno que él presidiera, lo volvería a hacer.

La familia defiende la honestidad profesional de Griñán

A pesar de que la sentencia de la Audiencia Provincial, ratificada ahora por el Supremo, confirma que tanto Chaves como Griñán permitieron durante cerca de una década que se implantara un sistema fraudulento para distribuir ayudas sociolaborales en la Junta, los más cercanos se lanzan a defender su honestidad.

La familia de Griñán califica en el documento de "desafortunada ironía" su condena a prisión por malversación, defendiendo que "durante toda su vida ha hecho precisamente de la honestidad profesional y económica su principal valor". Aquí señalan para justificar este caso de corrupción que el patrimonio del político andaluz es "limpio y ajustado al propio del servidor público".

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De hecho, hacen relación de sus cuentas y propiedades, señalando que han sido publicadas tanto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía como en el de las Cortes Generales, y apostillan que es "publico y notorio" que tras haber ocupado las más altas magistraturas del Estado, "su patrimonio acredita por sí mismo la limpia ejecutoria de un servidor público ejemplar".

Asimismo, destacan la actitud "prudente" y "discreta" mantenida por Griñán ante el proceso judicial del caso de los ERE, y añaden que mantienen el mismo respeto a los tribunales cuando piden la medida de gracia por "razones de humanidad y equidad". La familia, en este borrador, señala que el exdirigente socialista ha sufrido a lo largo de once años "un permanente deterioro psicológico y moral" al ver su nombre expuesto al debate público.

Escaso margen en la votación del Supremo

Entre otros argumentos a los que se agarran, se pone el foco además en el hecho de que el tribunal sentenciador haya condenado a seis años a Griñán con tres votos a favor por dos en contra. "Es la primera vez en la historia que un caso de esta envergadura (...) se resuelve por tan exiguo margen", añaden.

La familia de Griñán alega además para defender el indulto que se da "una falta de proporcionalidad de la sanción", que la tramitación de la causa se ha extendido por un "largo periodo de tiempo" y que la notificación del fallo del Supremo sin tener acceso a la sentencia para ver los motivos le somete "a una condena pública frente a la que en puridad no puede dar respuesta".