Los socios de Gobierno, Compromís y UP, tampoco apoyan el proyecto de Puig. El conseller de Economía, Rafa Climent, lo boicotea y dice que “contradice los principios del Botànic”.
El Gobierno de España no apoya la propuesta de la Generalitat de crear una línea aérea entre Castellón y Madrid. No encaja en la normativa europea porque existen modelos de transporte alternativos y proximidad con el aeropuerto de Manises, por lo que no tiene intención de declararla como una obligación de servicio público (OSP), un requisito imprescindible para la Unión Europea, que el presidente de la Generalitat Ximo Puig ignora al anunciar su intención de asumir el coste de la ruta.
La Generalitat, propietaria del aeropuerto de Castellón a través de la sociedad pública Aerocas, pretende poner en marcha esta línea a partir de este otoño con una frecuencia de cinco vuelos semanales. Así lo anunció Puig con toda seguridad e incluso sacando a licitación del contrato por 2'6 millones de euros durante los próximos dos años.
Para el presidente, esta conexión es "fundamental", mientras que para el Gobierno es innecesaria. El Ejecutivo valoró este asunto ante una pregunta formulada por Compromís en el Senado confirmando que, por el momento, no financiará la ruta.
Compromís y UP también dan la espalda a este proyecto, abriéndose así una nueva brecha entre los socios de Gobierno. El conseller de Economía, Rafa Climent manifiesta que la descarbonización de la economía "es uno de los objetivos básicos" del pacto del Botànic, por lo que "hay que buscar todos los recursos para electrificar la movilidad".
El senador Territorial de Compromís, Carles Mulet, sostiene que "este tipo de vuelos van en contra de cualquier compromiso medioambiental de la agenda 2030 y de las luchas contra el cambio climático". Critica que la idea anunciada por la Generalitat de asumir el coste del vuelo "va en contra de cualquier lógica". El Gobierno no va a asumirlo, Aena tampoco y va en contra de la propia idea de la Unión Europea de que tienen que ser vuelos de obligación de servicio público", ha sentenciado el senador de Compromís.