Edmundo Bal, el discreto y gris candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid, que vuelve a su vida anterior

Edmundo Bal Francés, abogado del Estado y exdiputado en las legislaturas XIII y XIV por Ciudadanos, ha regresado al área penal de la Abogacía General del Estado, casi ocho años después de su polémica destitución en 2018 tras su enfrentamiento con la entonces abogada general del Estado, Consuelo Castro. Bal solicitó su reincorporación alegando que la jurisdicción penal es su “preferida” y ha obtenido finalmente el puesto, que asumirá con la coordinación de recursos de casación, manteniendo así su vínculo con el Tribunal Supremo y con casos de alto perfil judicial.

Su regreso se produce en un momento especialmente delicado para el sistema de justicia español, marcado por tensiones internas en la Fiscalía General del Estado y un intenso debate sobre la independencia de los órganos judiciales frente a los poderes políticos, que han sido objeto de críticas en las últimas semanas.

Bal es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Cuerpo de Abogados del Estado desde 1993. Antes de su paso por la política, se consolidó como uno de los letrados más destacados de su generación, interviniendo en causas de gran repercusión pública. Entre los procesos en los que participó figuran delitos fiscales contra figuras del fútbol español como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Radamel Falcao, Ángel Di María, Luka Modrić o José Mourinho, así como casos de corrupción como la trama Gürtel o la causa contra el expresidente catalán Jordi Pujol y sus hijos.

Su labor en el área penal le valió un reconocimiento amplio dentro de los ambientes jurídicos y políticos, pero también le situó en el centro de un intenso debate cuando, en 2018, prefirió no renunciar a su criterio jurídico en el escrito de acusación del juicio del Procés, defendiendo que los hechos debían calificarse como rebelión y no solo como sedición y malversación. Esa discrepancia con Consuelo Castro y la decisión final de esta de firmar el escrito de acusación acabaron con la destitución de Bal por pérdida de confianza, marcando su salida de la Abogacía del Estado y su entrada en la política activa.

Tras abandonar la Abogacía, Bal se incorporó a Ciudadanos, llegando a ser portavoz adjunto del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. Fue una voz crítica tanto con el PP —especialmente en casos de corrupción como Gürtel— como con su propio partido, al que acabó distanciándose y por cuya postura electoral fue expulsado en 2023. En 2024 fundó el partido Cree, que no logró representación significativa en las Elecciones al Parlamento Europeo de ese año.

Ahora, con su regreso a la Abogacía del Estado, Bal retoma el contacto directo con la jurisdicción penal en un momento en que los casos de corrupción, la reforma del sistema judicial y las tensiones internas en la Fiscalía vuelven a acaparar la atención pública. Su papel en la coordinación de recursos de casación le permitirá intervenir en asuntos complejos que llegarán al Tribunal Supremo, donde su experiencia y su conocimiento de los mecanismos procesales serán claves.

El contexto actual del sistema judicial español está marcado por una creciente preocupación por la independencia de los fiscales y la percepción de que las instituciones están sometidas a presiones políticas. Un amplio reportaje publicado recientemente describe una profunda crisis interna dentro de la Fiscalía General del Estado, con enfrentamientos, falta de transparencia y tensiones sobre nombramientos y competencias, lo que añade un matiz adicional a la reincorporación de Bal al ámbito penal.

La vuelta de Bal no solo representa el retorno de una figura prominente al corazón de la Abogacía del Estado, sino también un símbolo de cómo los debates jurídicos de alto nivel siguen entrelazándose con la política y la sociedad. Su experiencia, acumulada tanto en tribunales como en el hemiciclo parlamentario, le sitúa ahora en una posición de observador activo en los casos más relevantes que afecten al Estado de derecho y a la justicia ordinaria española.