Escándalo: multa a RTVE, Pedro Sánchez ordena ocultarlo y la CNMC lo esconde
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha multado a TVE por prácticas irregulares. Pero lo peor de todo no es la sanción, es cómo se ha gestionado la comunicación de la misma: ocultación y trilerismo sanchista
Pedro Sánchez, llegando al debate electoral de RTVE en julio de 2023.
Sin nota de prensa, sin comunicado oficial, sin rastro en el canal habitual que el propio organismo utiliza a diario para informar a los medios. Una multa grave a la radiotelevisión pública que permaneció fuera del foco informativo durante semanas y que solo ha salido a la luz porque alguien decidió mirar donde casi nadie mira: el apartado de expedientes.
Un año después de abrir la investigación, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción a RTVE por la emisión indebida de patrocinios durante las Campanadas de 2024 —presentadas por Ramón García, Ana Mena y Jenni Hermoso— y el programa especial posterior Feliz 2024. La resolución da la razón a UTECA y declara responsable a la corporación pública de una infracción continuada grave de la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022.
Hasta aquí, los hechos. Lo relevante viene después.
La CNMC considera probado que TVE emitió patrocinios comerciales de Telefónica, Renfe y Repsol no solo en La 1 —canal para el que estaban contratados— sino también, de forma simultánea, en La 2, Teledeporte, Clan y el Canal 24 Horas. Canales que no estaban autorizados para ello. El regulador desmonta el argumento de RTVE, que alegó que se trataba de una simple emisión en simulcast y que no existía contraprestación económica adicional.
Para la CNMC, la explicación no se sostiene. Desde el punto de vista del espectador, señala la resolución, se trataba de programas distintos: con duraciones diferentes, audiencias propias y parrillas independientes. La consecuencia fue una confusión evidente sobre la existencia real de patrocinio en canales donde este estaba expresamente prohibido.
RTVE defendió que la información aparecía identificada mediante caretas y que no había beneficio económico directo por la difusión en los canales secundarios. Pero el regulador es tajante: eso no exime de responsabilidad. La emisión constituía un patrocinio indebido y vulneraba la ley.
La resolución agota la vía administrativa, aunque la corporación podrá recurrir ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.
Lo verdaderamente escabroso no es la sanción. Es cómo se ha gestionado su comunicación.
Según ha podido comprobar ESdiario, esta multa —fechada el 6 de noviembre— no fue incluida en el circuito habitual de notas de prensa que la CNMC publica de forma constante. Ese mismo día, y al siguiente, el organismo sí difundió otras informaciones: una sanción a Mediaset España por emplazamiento indebido de producto y una noticia destacando que más de la mitad de los españoles ven habitualmente los canales de RTVE. De la multa a la televisión pública, ni una línea.
Ni el 6 ni el 7 de noviembre apareció rastro alguno en el apartado de prensa y noticias. La sanción quedó enterrada en la sección de expedientes, fuera del radar mediático, hasta que el portal Dircomfidencial la localizó días después. Un procedimiento absolutamente anómalo para una infracción grave y una multa a un operador público. Una ocultación que fuentes del sector, en declaraciones a ESdiario, achacan directamente al Gobierno de Pedro Sánchez.
La comparación es inevitable y demoledora: cuando el sancionado es Mediaset, la CNMC lo comunica. Cuando lo es RTVE, lo silencia. Y cuando además puede acompañarlo de una noticia favorable sobre la audiencia de la corporación pública, lo hace sin pudor.
El episodio plantea una pregunta incómoda: ¿por qué un organismo regulador decide ocultar deliberadamente una sanción a RTVE mientras publicita otras resoluciones similares contra operadores privados? ¿Desde cuándo la transparencia es selectiva?
La CNMC no solo regula el mercado audiovisual. También debería rendir cuentas. Y en este caso, su comportamiento no solo resulta incomprensible: es una auténtica vergüenza institucional.
Chismógrafo
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David Lozano