La Policía, contra Sarah Santaolalla: la escolta le estalla a Pedro Sánchez y Marlaska

La orden del Ministerio del Interior de asignar protección policial a Sarah Santaolalla tras su enfrentamiento, la falsa agresión, con Vito Quiles ha caído así en la Policía Nacional: como una decisión que muchos agentes consideran precipitada y, sobre todo, poco explicada.

Tal y cómo ha comprobado ESdiario, en los pasillos de las comisarías el comentario se repite con una mezcla de sorpresa e indignación. No tanto por la existencia de un conflicto entre dos figuras mediáticas —que lo hay—, sino por el procedimiento.

Porque, según recuerdan los sindicatos policiales, las escoltas oficiales no se asignan por impulso político ni por presión mediática. Se conceden tras un análisis técnico que determine que existe un riesgo real. Y ahí es donde empiezan las dudas.

El dispositivo de protección fue aprobado por el Ministerio del Interior después del incidente ocurrido a la salida del Senado, donde Santaolalla denunció haber sido agredida por Quiles y anunció que ampliaría las denuncias por acoso.

La polémica no se hizo esperar.Las principales organizaciones policiales, entre ellas el Sindicato Unificado de Policía (SUP), han pedido explicaciones públicas sobre qué informes técnicos han motivado la medida. Reclaman conocer la evaluación de riesgo que justificaría destinar recursos policiales a este caso concreto.

La inquietud es doble: primero, por la falta de transparencia; y segundo, por el uso de agentes que, según recuerdan, ya trabajan con plantillas muy ajustadas.

“Las escoltas no son un gesto simbólico”, resumen fuentes policiales. “Son policías que dejan de estar en otros servicios”.

El precedente judicial aumenta el malestar

El malestar interno tiene además otro elemento que ha alimentado la controversia.

Una jueza rechazó días antes conceder una orden de alejamiento contra Quiles al considerar que no existían pruebas suficientes que acreditaran un riesgo objetivo.

Ese detalle es el que muchos agentes subrayan ahora en privado. Porque, si un juzgado no apreció un riesgo que justificara una medida cautelar, algunos mandos se preguntan cómo se ha podido activar con tanta rapidez una protección policial permanente.

La pregunta que circula entre sindicatos y unidades operativas es directa: ¿qué informes han cambiado la valoración de riesgo? De momento, dicen, nadie los ha visto.

El episodio que originó la polémica se produjo a las puertas del Senado, donde Santaolalla denunció empujones y golpes por parte de Quiles, algo que él ha negado y que las imágenes han demostrado que no hubo agresión alguna, salvo la que sufrió el propio Vito Quiles.

El caso adquirió rápidamente dimensión política.

En ese contexto, el Gobierno ha defendido la necesidad de proteger a la comunicadora tras los episodios de hostigamiento denunciados.

Pero dentro de la Policía el debate es otro.

“La Policía no puede convertirse en un instrumento político”

En el interior del cuerpo se insiste en que la protección de personas amenazadas es una función esencial. Nadie lo discute.

Lo que sí cuestionan algunos mandos y representantes sindicales es el procedimiento.

Recuerdan que el sistema de protección policial está regulado y exige informes técnicos que evalúan el nivel de riesgo, el contexto y la necesidad real del dispositivo.

Por eso el enfado que ha generado la decisión no se centra tanto en la figura de Santaolalla como en el precedente.

“Si las escoltas empiezan a decidirse en función del ruido político, el sistema pierde credibilidad”, advierten fuentes policiales.

El Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande‑Marlaska no ha detallado públicamente los informes que sustentan la medida. Ese silencio es precisamente lo que está alimentando el malestar. En la Policía lo resumen con una frase que se repite en sindicatos y comisarías:

“Si existe un riesgo real, que lo expliquen. Y si hay informes técnicos, que se enseñen”.

Porque, en un momento en el que los recursos policiales están sometidos a presión constante, la pregunta que muchos agentes se hacen es sencilla. Y también incómoda.

¿Quién decidió realmente esta escolta: los técnicos… o la política del Gobierno de Pedro Sánchez?