Ni un euro para mantenimiento y seguridad del AVE, pero 1.000 empleos más para RTVE
La corporación pública amplía su oferta de empleo fijo con 934 plazas. La decisión coincide con la conmoción por el trágico accidente de Urda
Adela González, Jesús Cintora y Miriam Moreno, presentado temporada de TVE.
La tragedia ferroviaria de Urda, en Toledo, ha colocado bajo el foco la seguridad de la alta velocidad española y las decisiones que se tomaron para modernizar sus infraestructuras. Mientras los investigadores intentan esclarecer cómo se produjo la colisión entre un AVE y un tren de Iryo, otra noticia ha añadido combustible al debate sobre las prioridades del Gobierno de Pedro Sánchez: RTVE vuelve a ampliar su oferta de empleo fijo y alcanza ya las 934 plazas. Una cifra que invita a preguntarse por el tamaño de la corporación pública en un momento en el que la seguridad ferroviaria reclama respuestas.
La radiotelevisión pública ha incorporado 28 nuevos puestos a su convocatoria de empleo, que pasa de 909 a 934 plazas netas después de amortizar tres vacantes. La ampliación, firmada por el presidente de RTVE, José Pablo López, el pasado 23 de octubre, incluye perfiles periodísticos, técnicos, de producción, realización, documentación y otras especialidades. El proceso corresponde a la convocatoria 1/2025 y se nutre de la tasa de reposición específica autorizada para 2026.
Tal y como ha comprobado ESdiario, el contraste ha comenzado a circular en las redes sociales y resulta difícil ignorarlo. Por un lado, una corporación pública que sigue ampliando su plantilla fija; por otro, una red ferroviaria que afronta preguntas urgentes sobre el mantenimiento y la modernización de sus sistemas de seguridad. La comparación se produce, además, cuando el accidente de Urda ha dejado al menos 68 muertos y ha convertido la señalización ferroviaria en uno de los focos centrales de la investigación.
Las redes denuncian que el Gobierno encuentra recursos para seguir aumentando la estructura de TVE, pero la modernización de los sistemas ferroviarios no habría avanzado con la rapidez necesaria. Ahora bien, conviene distinguir el reproche político de los hechos acreditados. No es correcto afirmar que no se ha invertido ni un euro en el tramo afectado por el accidente. En esa línea se han adjudicado actuaciones de renovación y se ha trabajado en la implantación del sistema europeo ERTMS, aunque su puesta en servicio acumula retrasos y el antiguo sistema LZB continúa desempeñando un papel fundamental.
Precisamente, la investigación deberá determinar qué ocurrió con ese sistema de seguridad y por qué se autorizó la reanudación de la marcha del AVE cuando el tren de Iryo permanecía detenido más adelante. Las primeras explicaciones oficiales sitúan el fallo del LZB y las órdenes emitidas desde el centro de control de Adif en el centro de las pesquisas. Eso no permite concluir todavía que la señalización fuera, por sí sola, la causa del accidente, ni atribuir responsabilidades definitivas antes de que terminen las investigaciones técnica y judicial.
El problema de fondo, sin embargo, va más allá de la polémica por una convocatoria de empleo. La seguridad ferroviaria depende de que los sistemas estén actualizados, correctamente mantenidos y preparados para responder cuando algo falla. Y cuando una línea arrastra incidencias en la señalización y una modernización pendiente de completar, la exigencia de explicaciones se vuelve inevitable. El tramo de Urda acumuló varias incidencias de señalización entre 2024 y 2026, un historial que deberá examinarse con detalle para establecer si guarda relación con el siniestro.
En paralelo, RTVE prepara la incorporación de cientos de trabajadores fijos. La oferta incluye plazas para periodistas, realizadores, técnicos audiovisuales, ingenieros, profesionales de redes sociales y personal administrativo, repartidas entre Madrid, Barcelona y centros territoriales. La corporación defiende así sus necesidades de personal, mientras sus críticos cuestionan que el crecimiento de la televisión pública no venga acompañado de un debate equivalente sobre su dimensión y su coste.
La comparación no supone que una partida presupuestaria pueda trasladarse automáticamente a otra ni que contratar personal en RTVE haya provocado una carencia ferroviaria. Pero sí plantea una cuestión legítima sobre las prioridades del gasto público y la obligación de explicar qué necesidades se atienden, qué inversiones siguen pendientes y con qué calendario se piensa resolverlas.