Pedro Sánchez, o el arte de recordar el pasado franquista de la vivienda
Les contará el abuelo a los nietos agobiados que, según las estadísticas oficiales, entre los años 1961 y 1973 se construyeron en España 4.080.619 viviendas
El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la clausura del 41º Congreso Federal del PSOE en el Palacio de Congresos y Exposiciones.
El 41º Congreso Federal del PSOE en Sevilla abordó el problema de la escasez de viviendas y su alto precio rescatando viejas fórmulas franquistas. Y de paso, con la pretensión de invadir competencias autonómicas. El secretario general Pedro Sánchez aprovechó el cierre del Congreso para anunciar que su gobierno creará una "gran" empresa pública de vivienda, que se encargará de construir y gestionar viviendas desde la Administración General del Estado (AGE). Las paredes temblaron al oír tal anuncio pues, construido el local donde celebraba a finales de los años setenta del pasado siglo, resonó el recuerdo del Instituto Nacional de la Vivienda (INV) liquidado por el primer gobierno socialista en 1982.
El Instituto Nacional de la Vivienda fue una empresa pública creada durante la dictadura franquista el 19 de abril de 1939 y suprimido en 1982 con el objetivo de fomentar la vivienda social en propiedad. En la segunda mitad del siglo XX, y España no fue una excepción, son muchos los países en los que aumentan significativamente los porcentajes de propiedad de la vivienda mientras la proporción de viviendas en alquiler disminuye. En este contexto comparado, la España franquista presenta dos singularidades fundamentales. La intensidad en el incremento de la vivienda en propiedad que alcanza los máximos entre los países occidentales, y el sesgo paradójico de este incremento: son las periferias obreras las vanguardias en este proceso. Y eso se encuentra en el subconsciente colectivo.
Este hecho singular creó una mentalidad de fácil acceso a la vivienda y protección del inquilino que ha perdurado en el tiempo. Y ahora, cuando constituye un grave problema ese acceso y esa protección, dada la escasez de oferta, encarecimiento de la propiedad y reversión de la tendencia con altos alquileres, corre el riesgo de convertirse en un problema social grave.
¿Qué recordarán estas navidades los abuelos que acogen a los nietos en una vivienda de protección oficial construida por el INV? Que, en aquel tiempo, había tres categorías de viviendas: mínimas, reducidas y de tipo social y se diferenciaban, sobre todo, por su coste de construcción: 800 pesetas por metro cuadrado, 1.000 pesetas por metro cuadrado y 25.000 pesetas totales como máximo, unos 10.000 euros, considerando la inflación desde 1954. El acceso a la propiedad era financiada endosando letras, y los alquileres estaban protegidos. La nostalgia navideña de un pasado.
No caracterizar correctamente el problema puede llevar a errar en su percepción. Eso es así, cuando el conjunto de expertos, directivos y empresarios coinciden en señalar que el principal problema del alto coste de la vivienda en España es la falta de oferta (77%), seguida por la legislación inadecuada (48%) y por la especulación inmobiliaria (23%). Y la posible solución pasa por abordar esos tres problemas en las mesas de diálogo entre la Administración Central y las Comunidades Autónomas, titulares de la competencia en vivienda, pero dependientes de los recursos de la Administración Central. Una mesa importante, la de Presidentes aún por convocar por Pedro Sánchez, en cuya orden del día figura el problema de la vivienda.
Les contará el abuelo a los nietos agobiados que, según las estadísticas oficiales, entre los años 1961 y 1973 se construyeron en España 4.080.619 viviendas. Tal vertiginosa tasa de construcción se justificaba por el fuerte apoyo del gobierno de la época a la edificación, mediante el incentivo de la construcción a la vivienda protegida oficialmente. La espectacular política constructora se iniciará con la construcción de polígonos de viviendas de patrocinio público y del privado, en el que intervinieron incluso las propias grandes empresas, deseosas de asentar cerca de sus factorías a las familias de sus trabajadores, el 80 % de la vivienda protegida debía tener entre 50 a 100 m2, trabajadores procedentes de la inmigración interior.
Hay un personaje de Valencia que recordarán a los nietos con nostalgia. Es Vicente Mortes, ministro de la vivienda en 1969 que protagonizará la edad dorada de la construcción. Nacido en Paterna en 1921. Estudió ingeniero de Caminos. Durante su tiempo de estudios vivió en el Colegio Mayor Moncloa, del Opus Dei, donde conoció a parte de los primeros miembros de la Prelatura. En 1957, fue nombrado director general de Vivienda con José Luis Arrese y jefe nacional de la Obra Sindical del Hogar.
El Instituto Nacional de la Vivienda que Pedro Sánchez quiere reconstruir ahora, es el mismo organismo público que sus antecesores hicieron desaparecer hace 40 años, pasando de un mercado protegido a un mercado libre
Su lucha contra la subida del precio del suelo le llevará a ser nombrado ministro de Vivienda. Durante su periodo, fue el momento de construcción de mayor número de viviendas, llegando a más de 300.000 cada año hasta 1975. Unos años en que se aprobaron el Decreto-Ley de Actuaciones Urbanísticas Urgentes, la Reforma de la Ley del Suelo, se actualizaron los planes de las Áreas Metropolitanas de Barcelona y Madrid. Bajo su dirección, la industria de la construcción en 1970 tenía un peso del 5 % del PIB y del 10 % de la población activa, que fue aumentando en el futuro con el boom de los noventa hasta llegar a superar el 10% al final de esos años.
Remover el pasado es recordarlo. El Instituto Nacional de la Vivienda que Pedro Sánchez quiere reconstruir ahora, es el mismo organismo público que sus antecesores hicieron desaparecer hace 40 años, pasando de un mercado protegido a un mercado libre. Y no lo puede hacer, y lo sabe, pues ahí están las Comunidades Autónomas con las que se tiene que entenderse si quiere solucionar el problema. Y no lo hace. Pero lo relevante del asunto es lo que recordarán los abuelos y les contarán a los nietos, en ese piso de protección oficial que pagaron en cinco años. Es el riesgo de la nostalgia que Pedro Sánchez ha despertado