Cuidados en crisis: el reto de Camarero para superar la “herencia Botànica”

Tras años de parálisis en la creación de plazas residenciales y con una red de cuidados sometida a tensiones extremas, la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, enfrenta el reto de deshacer el entramado normativo y financiero heredado del anterior Govern del Botànic. Con 29 de las 31 residencias concertadas operando con contratos vencidos, convenios laborales bloqueados y una deuda acumulada, las decisiones que tome serán cruciales para garantizar la calidad de los servicios y los derechos de usuarios y trabajadores.

El escenario es paradójico: florecen por ciudades y pueblos de la Comunitat Valenciana las residencias para estudiantes y los apartamentos turísticos, empujados ambos negocios por el vigor de la juventud, la digitalización, la atracción de las playas, los vuelos y los AVE “low cost”, el alcohol barato y la fiesta garantizada. Se mantiene, en cambio, el lamentable récord de no haber levantado una sola residencia de tercera edad (o para enfermedades mentales, o para personas con diversidad funcional…) en ocho años de Botànic a los que se suma ya un año y medio de gobierno del Partido Popular con apoyo de Vox. Parece que no hay dinero para acometer ese reto. Los viejos no son visibles, no usan Instagram, ni TikTok. Solo quien tiene el problema lo conoce de verdad. Hasta ese momento, no existe para nadie, para la Administración tampoco. Y eso que la pandemia por coronavirus dejó patente la necesidad de cambios estructurales y profundos, lecciones aún no aprendidas, por lo visto.

En el ya lejano 2015, cuando el Consell de Ximo Puig llegó a la Generalitat, los socios de la coalición vieron necesario redactar un plan para crear 9.000 plazas en residencias de mayores. Hoy hacen falta casi 25.000. Han pasado casi 10 años y el problema, lejos de entrar en vías de solución, se ha agravado como consecuencia de dos decisiones que mantienen bloqueada la actividad de los cuidados.

En 2022, la patronal y los sindicatos, con el aliento del Govern del Botànic, pactaron una subida salarial de entre el 20 y el 25% para el personal de los centros de gestión integral, los de titularidad pública y gestión privada, quienes percibían (y aún lo hacen) sueldos muy inferiores a los de las plantillas de las residencias de gestión pública directa por el mismo trabajo. Paralelamente, los equipos dirigidos primero por Mónica Oltra y luego por su sucesora en Bienestar Social, Aitana Mas, dieron luz verde al llamado decreto de Tipologías de Centros, en el que se establecían nuevas condiciones, más metros cuadrados de edificio por cada interno y más personal para su atención, en los equipamientos de nueva creación que llegaran. Y para complicarlo todo más, vincularon las dos medidas entre sí, de modo que el nuevo convenio solo se aplicaría en las licitaciones de nuevos centros: ninguno desde entonces.

Estos cambios normativos en lo que han de ser las nuevas residencias y su personal, sin duda introducidos con la mejor de las intenciones, han provocado la indignación de los trabajadores, que han salido estos días a la calle para pedir que se aplique el convenio aprobado, y también la estupefacción de las empresas gestoras. Se fijaron estándares de atención propios de Dinamarca, pero se asignaron presupuestos propios de países en desarrollo, posiblemente para forzar que la única vía de generación de plazas nuevas fuera la de promoción pública y gestión directa de la Generalitat, que es lo que defendía el Consell de Puig y Oltra.

Nada de esto ha cambiado con Carlos Mazón y su vicepresidenta, Susana Camarero. Las estrecheces de un Govern con cerca de 50.000 millones de euros de deuda marcan una pugna constante entre las consellerias por los fondos. Y la urgente y necesaria respuesta a la trágica dana de los últimos días complicará aún más dar una solución a la emergencia en el sector de los cuidados. 

La responsable de las residencias culpa del bloqueo a la herencia del Botànic y explica que ya lleva pagados 157 millones de euros por el agujero que dejaron sus predecesores. De los 31 centros de gestión integral, 29 funcionan con contratos caducados, algunos de ellos con prórrogas de hasta seis años, y los pagos por enriquecimientos injustos de la Generalitat a las empresas contratistas cubren el desfase económico siempre tarde y nunca de forma suficiente. El sector estima las necesidades extra en unos 50 millones al año, y cifra en 115-120 euros la cantidad mensual por usuario que haría falta para que las nuevas licitaciones salieran adelante, renovando y ampliando el parque de residencias y desbloqueando el convenio de su personal.

Ahora, la Generalitat busca a los ayuntamientos como cooperadores necesarios, para que estos pongan el suelo y saquen a concurso la construcción y gestión de las nuevas residencias: que las empresas realicen las obras y atiendan el servicio a cambio de tener concertadas las plazas con la Administración autonómica. Pero las cuentas no salen y en ello tenemos que trabajar.

Los servicios de bienestar social son un derecho, no una acción de caridad. Y las carencias de la Administración en la atención personalizada son la puerta por la que han entrado las empresas, como en los seguros sanitarios, los planes de pensiones y tantos otros, para prestar productos complementarios a cambio de una justa retribución. La titularidad pública y la gestión privada ha demostrado sobradamente (miren los propios informes de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat) ser la gestión más eficiente y eficaz.