Política de vivienda

El problema de la vivienda en España ha ocupado este finde semana, y por este orden, a oposición y gobierno. Dicho de otra manera, a una mayoría considerable de gobiernos autonómicos que como tales tienen transferida la gestión del territorio y de la vivienda social, pública o con concurso de lo privado, y al gobierno central, protagonista en esta materia de una trayectoria errática desde la reinvención -franquista por cierto; Zapatero ya prometía maneras- del Ministerio de la Vivienda que comandó la profesora de derecho extremeña María Antonia Trujillo, después férrea defensora de las libertades democráticas marroquíes y de los derechos alauitas sobre Ceuta y Melilla.

Es sabido que la política es, en esencia, el arte de gobernar la ciudad (¿y qué es la ciudad sino el pueblo? se preguntaba Shakespeare en Coriolano) y que la vivienda, aun sin desconsiderar el agro, es asunto principal de los núcleos urbanos. Salve esa distinción ministerial y canónica entre su categoría de derecho ciudadano constitucional y su legítimo uso como inversión, ahorro o previsión de futuro y todas sus derivadas comerciales. Ciertas son también las diferencias entre valor de cambio y valor de uso que, como la Internacional, adornan el discurso socialista. Me estoy acordando de la reiterada reivindicación de calidad arquitectónica de la casa, que el profesor Vicente Vidal hacía, enfrentándola a su función de simple soporte hipotecario.

Así que todo eso está muy bien, pero no deja de ser un marco de referencia de general aceptación y del que, por reducción al absurdo, nadie discrepa. Otra cosa es dar trigo.

Y no es disparatado invitar a una reducción en tasas de estudio proporcional al gasto asumido por el promotor en informes externos acreditados

El llamado presidencial -no he estado atento a si ha repetido la idea de una agencia estatal para la creación de vivienda anunciada anteriormente- ha discurrido por una abstracción exenta esta vez del compromiso de cifras de récord con las que ya tiene él batidos récords mundiales en diferentes campos. Y media docena de medidas fiscales -incluida la puramente simbólica que afecta a un 2% del parque existente, la de los compradores extraeuropeos, siempre lujosas y nada representativas- que necesitan concreción, resolver contradicciones inmediatamente detectadas y votos parlamentarios. Otra cosa son los hechos. El balance de vivienda promovida o incentivada por su gobierno es ruinoso. Y en el caso de Valencia, el ejemplo de la cesión de los cuarteles de la calle San Vicente, del que presume la ministra, bochornoso. Ni el ex ministro Escrivá, hoy flamante gobernador del Banco de España merced a las muy bien engrasadas puertas giratorias socialistas, coincide con las bondades de la aplicación de la Ley de Vivienda en Cataluña, que como otras todavía más delicadas, ha provocado efectos indeseados. Por extremadamente contrarios a lo perseguido.

Más pegados al terreno, los dirigentes populares con mando en plaza, atentos a la batuta de Núñez Feijóo han acordado acciones concretas en su concentración en el asturiano hotel Reconquista, cuya aprobación garantizarán las mayorías que los sostienen, con el efecto multiplicador de ser factibles, unitarias y compartidas. Al decálogo -están admitidos conteniendo más de diez preceptos- cabe añadir las que se deducen de la acción combinada de varias de ellas, y mayor audacia en su materialización. El objetivo es construir con estándares de calidad y de forma competitiva. A la administración corresponde fijar y vigilar el cumplimiento de los primeros, al particular hacerlo de forma responsable y rentable a la vez.

Audacia en el reconocimiento de los profesionales, sus órganos corporativos y las empresas colaboradoras reconocidas. Y de su responsabilidad. La declaración responsable puede llevarse desde el inicio hasta la propia autorización de ocupación y uso, ciñéndose la administración a la comprobación de la existencia de la documentación requerida entonces y a la inspección después de que lo ejecutado se compadece con ello. Y no es disparatado invitar a una reducción en tasas de estudio proporcional al gasto asumido por el promotor en informes externos acreditados. El balance en términos económicos incluso resulta beneficioso para los ayuntamientos.

La llamada letra pequeña de lo que se legisla está por conocerse. En la Comunidad Valenciana, naturalmente debe contemplar de forma prioritaria y especial las consecuencias de la inundación y relacionarse estrechamente con las de carácter territorial que ya han sido avanzadas. El camino es empinado, y sinuoso en algunos tramos, pero estamos listos para iniciarlo y recorrerlo.