PSOE y Compromís, en contra de todas las medidas urgentes para la recuperación de la dana

Las Cortes Valencianas han dado luz verde a los siete decretos del Consell de Carlos Mazón, destinados a la recuperación de la riada en Valencia el pasado 29 de octubre. PSOE y Compromís, han votado en contra de todas las medidas urgentes, a excepción de la única no-ayuda que ha aportado el Gobierno de Pedro Sánchez, el permiso para que la Generalitat Valenciana gaste 700 millones a costa de la deuda pública que tendrá que devolver al Estado.

En concreto, se trata de siete decretos relativos a medidas extraordinarias en materia de personal del Sistema Valenciano de Salud y de organización, gestión y prestación de servicios sanitarios y educativos tras la dana; medidas administrativas excepcionales para restablecer las infraestructuras eléctricas de transporte y distribución, y medidas urbanísticas urgentes para favorecer el proceso de reconstrucción, respectivamente.

Finalmente, no se ha votado como estaba previsto el polémico decreto que contemplaba la eliminación del tope salarial que permitiría a los nuevos altos cargos del gobierno valenciano cobrar más que el propio presidente Carlos Mazón. Una iniciativa con la que se había especulado con la posibilidad de que cobrasen la friolera de 100.000 euros el vicepresidente militar Francisco José Gan Pampols y su quipo, algo que finalmente no se ha producido. Vox había anunciado públicamente que iba a votar en contra y el Consell ha retirado el decreto, sin reconocer que ese sea el motivo, sino porque "no ha hecho falta". Se da la circunstancia, asimismo, de que el PP ha dado un giro de última hora forzado por Vox con la aprobación por vía  proyecto de ley de un decreto de Sanidad. 

"Chantaje" de Sánchez

Respecto a los 700 millones para financiar gastos de la dana que engordarán la deuda pública, la consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha lamentado que es "la única" medida por parte del Gobierno de Pedro Sánchez con la que "que se nos permite utilizar" para sufragar los gastos de la riada. Así, ha denunciado la "desidia" del Gobierno de España, al que ha acusado de "chantajear" a la Generalitat al condicionar la llegada de ayudas con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Pese a que estos 700 millones no son ayudas a fondo perdido del Gobierno, sino una autorización de endeudamiento, el PSPV saca pecho defendiendo a su líder. El síndic socialista José Muñiz ha reivindicado que gracias a los recursos económicos del Gobierno de España la Generalitat podrá, por ejemplo, dar ayudas a los vehículos afectados, cuando "de otra manera no podrían porque no tienen presupuesto", Compromís ha defendido la necesidad de aumentar la deuda y ha remarcado que "no pasa nada" con que haya más endeudamiento si es para destinarlo a los servicios públicos tras una catástrofe, pero ha avisado que no dejarán de fiscalizar estos fondo. Mientras, Vox ha considerado que el importe "se queda muy corto e insuficiente" y ha advertido de que estas ayudas "se traducen en deuda y más deuda".

En cuanto al decreto de medidas urbanísticas, el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha subrayado la urgencia del mismo porque en esta cuestión "no tienen cabida dilaciones", para lo que ha justificado la necesidad de habilitar mecanismos "específicos y exclusivos" que permitan "la rápida tramitación de los instrumentos oportunos". También ha defendido que las medidas son "precisas, urgentes, necesarias y extraordinarias" y plantean soluciones para el corto plazo con el propósito de afrontar "una situación excepcional".

En concreto, el decreto regula la figura de los planes especiales urbanísticos de reconstrucción y considera necesario introducirlos "de modo inmediato" como un instrumento "flexible" y urgente dirigido a facilitar la obtención de suelo finalista para la construcción de viviendas o polígonos industriales. Además, crea la figura de los Proyectos de Reconstrucción Local (PRL) con "carácter excepcional", mediante el cual los municipios afectados por la dana podrán destinar suelo vacante no ejecutado calificado como equipamiento dotacional a la construcción de viviendas residenciales.

PSPV y Compromís, en contra. Los socialistas justifican su voto en sentido negativo sosteniendo que este decreto "permitirá que se reparen construcciones fuera de ordenación sin cumplir la normativa anti-inundaciones", y no se creen "ni en broma" que los ayuntamientos vayan a poder "recalificar suelo en nueve meses". Del mismo modo, Compromís ha coincidido en que el decreto "regalará a manos privadas" el suelo dotacional para construir viviendas, al tiempo que ha acusado al Consell de "poner todo el peso de la reconstrucción sobre los ayuntamientos" con "medidas que serán calamitosas para el pueblo valenciano".