La familia de una víctima de la dana recurre la decisión de la jueza de ignorar el papel de la presa de Forata el 29O

La defensa de una de las víctimas mortales de la tragedia del 29 de octubre de 2024 ha presentado un recurso de reforma ante el Juzgado de Instrucción nº 3 de Catarroja, solicitando que se revoque el auto judicial que rechazó investigar el papel del embalse de Forata en los hechos. El escrito, firmado por la letrada Clara Isabel Colomer y el procurador Antonio Blasco en nombre de Victoria Sánchez Gurillo --mujer de un hombre que perdió la vida el pasado 29 de octubre en Cheste--, critica duramente que la instrucción se centre únicamente en los efectos del barranco del Poio, dejando fuera el análisis de la infraestructura crítica de Forata, que —según la parte recurrente— también tuvo un papel determinante en las inundaciones y fallecimientos.

"Como bien subraya su señoría, el objeto del presente procedimiento es el análisis de los fallecimientos, y por ese mismo motivo, no cabe olvidar las muertes, propia, que ocasionó Forata, las cuales deben ser plenamente investigadas, con la misma atención y rigurosidad que las causadas por el Poio. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley, y en lo que afecta a las riadas, hemos de interpretar, que todos los muertos también" reza el documento.

El recurso reclama que se incorpore a la causa los informes del Departamento de Seguridad Nacional sobre el estado del embalse y su presa el día de los hechos, al considerar que podría haberse producido una liberación controlada de agua para evitar el colapso de la presa, lo que habría agravado las consecuencias aguas abajo, especialmente en la Ribera Baixa.

“No se puede ignorar que el foco institucional aquel día estuvo exclusivamente en Forata”, señala el escrito, que recuerda que el embalse tiene la consideración legal de infraestructura crítica (IC) y está sujeto a una normativa especial relacionada con la seguridad nacional. Según han declarado ya varios testigos que aquella tarde estuvieron en el Cecopi, como la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, o la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, todos los ojos y alertas de los allí presentes aquella tarde estaban en la situación de la presa de Forata. "Si algo ha quedado acreditado durante esta instrucción, es que aquel día 29, toda la atención se centro en Forata, pero nadie ha analizado el porqué de ese exclusivo foco, silenciando el porque fue crucial lo ocurrido en la presa", recoge el recurso. 

La defensa alega que los informes solicitados no están clasificados como secretos y que su exclusión de la causa podría generar una situación de indefensión para las víctimas vinculadas a Forata. También se cuestiona la ausencia de alertas a la población y el silencio de las alarmas instaladas en la presa, lo que impidió a muchas personas ponerse a salvo: "No planteamos aquí una cuestión de protección civil, sino más bien otra, radicalmente distinta, incluso opuesta, que no ha calado aún en esta instrucción, relacionada con la seguridad nacional y la condición de IC del embalse y la presa de Forata, realidad esta, per se, que obliga, por decirlo de algún modo, a polarizar la instrucción, sin hacerla pivotar, exclusivamente, sobre el Poio, sino también, necesariamente, sobre dicha infraestructura de Forata, que se ignora palmariamente, pese a que, aquel día 29, fuere la protagonista, exclusiva e indiscutible, foco de toda la acción, pública e institucional, realidad ya conocida de forma irrefutable durante la presente instrucción penal".

Además, el recurso subraya que la instrucción debe abarcar todos los escenarios que provocaron muertes, sin distinción entre unas víctimas y otras. “Los muertos del Poio no pueden ocultar a los muertos de Forata”, recalca la parte recurrente.

Con esta acción judicial, la familia busca que se esclarezca la verdad completa de lo ocurrido el 29 de octubre y que, si procede, se depuren responsabilidades penales. El recurso solicita expresamente que se practiquen las diligencias de prueba denegadas, entre ellas la remisión oficial de los informes del Departamento de Seguridad Nacional, por considerarlos imprescindibles para la investigación.