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La UCO señala corrupción en el PSPV: Rafael Rubio, ex subdelegado de Sánchez, cobró comisiones de 300.000 y 750.000 euros

Un informe de la Guardia Civil sobre la trama de los colegios del caso Azud apunta que dos históricos socialista valencianos, Rubio y el abogado José Luis Vera, se llevaban sobornos a cambio de comprar su silencio en una operación urbanística

Rafael Rubio, ex subdelegado del Gobierno y ex portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Valencia

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El PSOE no gana para disgustos con informes de la UCO. Ahora, un nuevo informe de Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso Azud desvela un posible caso de corrupción en el PSPV. Su protagonista Rafael Rubio, ex subdelegado del Gobierno y un histórico de los socialistas valencianos, que habría recibido comisiones entre 300.000 y 750.000 euros para comprar su silencio.

En concreto, según el informe de la UCO del caso Azud, Rafael Rubio, que fue subdelegado del Gobierno en Valencia nombrado por Pedro Sánchez en 2020 por ser una persona cercana al ahora investigado ex ministro José Luis Ábalos, y que destituido menos de un año después, habría cobrado comisiones ilícitas que suman un mínimo de 300.000 euros y un máximo de 750.000.

Según la UCO, se compró el silencio de Rafael Rubio cuando era concejal y portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Valencia en 2007. El objetivo sería que el concejal no pusiera reparos a una operación urbanística en Valencia, la llamada ‘operación colegios’ que investiga en el caso Azud, la iniciativa de cuatro empresas promotoras, comandadas por el empresario Jaime Febrer. El informe de la UCO confirma que dos destacados dirigentes del PSPV, el citado Rafael Rubio y el abogado José Luis Vera, cobraron comisiones por el silencio o las gestiones en la ‘operación colegios’.

Según el informe de la UCO del caso Azud, “se detectó operativas sospechosas en las que el dirigente socialista Rafael Rubio manejaba dinero en efectivo de origen desconocido" y que "se integró en el circuito financiero el dinero a través de operativas que pretendían encubrir su origen". Para los agentes de la Guardia Civil, es sospechoso que Rubio y su mujer alquilaron una caja de seguridad en una sucursal del BBVA, y que “se comenzó a observar que, a partir del segundo semestre del año 2007, se llevan a cabo en las cuentas bancarias del núcleo familiar un gran número de imposiciones en efectivo".

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